La justicia italiana interviene Glovo por explotación laboral ilegal masiva
Se han documentado turnos de 12 horas por 2,50€ la entrega, sin días libres y con control algorítmico coercitivo, aprovechándose de la vulnerabilidad de los riders migrantes.
La justicia italiana ha intervenido la filial italiana de la multinacional de repartos Glovo, Foodinho SRL, tras documentar un presunto sistema de explotación laboral masiva. Según informa el diario comunista Il Manifesto y confirma El País, la Fiscalía de Milán obtuvo un decreto de urgencia para poner la empresa bajo supervisión judicial. El administrador judicial Andrea Adriano Romanò supervisará ahora la compañía multinacional, que deberá regularizar la situación de unos 40.000 repartidores en Italia. El fundador y administrador único de Glovo, el español Óscar Pierre Miquel, está investigado por explotación laboral agravada.
La investigación, dirigida por el fiscal Paolo Storari, documenta condiciones laborales que la Fiscalía califica de "contrarias a una existencia libre y digniosa". Los riders, en su mayoría trabajadores migrantes de países como Pakistán, Bangladesh o Nigeria, perciben entre 2,50 y 3,50 euros por entrega, lo que se traduce en salarios mensuales de miseria entre 700 y 1.100 euros brutos por jornadas de hasta 12 horas, siete días a la semana, bajo cualquier condición meteorológica, incluso bajo las olas de calor. Estos ingresos se encuentran muy por debajo del convenio colectivo nacional y bajo el umbral de pobreza, según recoge Il Manifesto de las conclusiones fiscales.
Control algorítmico
El sistema de control y coerción se ejerce a través del algoritmo de la aplicación. "Si haces retardo o te paras, te contactan para pedir explicaciones", declaraba un repartidor a la Fiscalía, según Il Manifesto. Los magistrados determinaron que la "hetero-organización algorítmica" convierte a los falsos autónomos en trabajadores subordinados en la práctica. La empresa aprovecha, según la acusación, las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores, como la falta de permiso de residencia o la necesidad de mantener a familias, para imponer estas condiciones. "Estoy forzado a trabajar 12/13 horas al día", detallaba uno de los riders a los investigadores.
Este caso no es aislado en el historial de la multinacional. En 2022, Glovo fue multada en el Estado español con 79 millones de euros por no contratar a sus repartidores, y en 2024 el Garante italiano de la privacidad le impuso una multa de 5 millones tras la "muerte" de un rider en un siniestro laboral. En el Estado español, la compañía tuvo que anunciar a finales de 2024 que abandonaría el modelo de falsos autónomos tras el endurecimiento de la ley, un cambio que ahora la justicia italiana exige para su actividad en el país.
