Ocurre dos semanas después del cese del ministro de Justicia por el desvío de 100 millones de dólares en contratos de Energoatom, ligada al entorno empresarial del presidente.
El juez Leopoldo Puente ordena prisión preventiva por "riesgo extremo de fuga" antes del juicio de las mascarillas, lo que supone la primera entrada en prisión de un diputado en ejercicio.
Se está investigando si los exámenes se filtraron a academias privadas, y la Policía Judicial ha interrogado a los agentes de la 33.ª promoción de la Ertzaintza y la Policía Municipal.
La UCO documenta que la empresa Servinabar, vinculada al exsecretario del PSOE, recibió 6,7 millones de Acciona por tres contratos públicos y pagó gastos personales de Cerdán.
La UCO detecta un sistema de corrupción institucional con contratos amañados que se extiende desde la compra de mascarillas hasta otras adjudicaciones públicas.
Un agente de la Unitat de Trànsit afirma que "guardó el dinero en su maletín privado" durante meses, pero se ha librado de entrar en prisión por reconocerlo.
