La presidencia de la cumbre climática COP29, que ha culminó este viernes en Bakú, Azerbaiyán, ha propuesto establecer la financiación climática global a 1,3 billones de dólares anuales para 2035. En su borrador, insta a los países “desarrollados” a aportar 250.000 millones anuales, multiplicando por 2,5 el actual compromiso de 100.000 millones. Este financiamiento incluiría recursos públicos, privados, bilaterales y multilaterales, con un énfasis especial en el papel de los bancos de desarrollo y las inversiones privadas. Aunque la propuesta ha sido bien recibida por naciones como Estados Unidos y la Unión Europea, numerosos países emergentes consideran que estas cifras son insuficientes para abordar la magnitud de la crisis climática.
Los países más afectados por el cambio climático, como los pequeños Estados insulares, han criticado que los 250.000 millones anuales no sean un “suelo” sino un “techo”, limitando gravemente la capacidad de acción climática de estos países. Además, exigen “compromisos más claros sobre cómo se movilizarán estos recursos”, incluyendo posibles tasas a sectores altamente emisores como los combustibles fósiles, la aviación y el transporte marítimo. Por su parte, algunas potencias de primer orden abogan por ampliar la lista de contribuyentes a países como China, Arabia Saudí y Corea del Sur, que, aunque emisores significativos, no están obligados a financiar bajo las actuales definiciones de la ONU.
Mientras las negociaciones se extienden más allá de la fecha prevista para el cierre, la falta de consenso amenaza con diluir los resultados. Activistas y organizaciones han calificado la propuesta como “alejada de la realidad de los impactos climáticos”. El debate también incluye referencias a la transición hacia “energías verdes”, con países petroleros como Arabia Saudí resistiéndose a compromisos más contundentes sobre el abandono de combustibles fósiles. La COP29 se enfrenta a una presión creciente para demostrar avances tangibles antes de la próxima cumbre, prevista en Brasil.
