Vivir de alquiler en el Estado español se ha convertido en un desafío económico y para gran la mayoría de los inquilinos. La situación es grave para más de un tercio de los hogares que viven de alquiler: el 33% destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, situación que se agrava en ciudades como Madrid y Barcelona, donde este porcentaje supera el 60%, asegura el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). La raíz jurídica de esta inseguridad se remonta al Decreto Boyer de 1985, que eliminó los contratos indefinidos, dejando a los inquilinos expuestos a contratos temporales que dificultan la estabilidad habitacional.
En la última década, ha quedado de manifiesto que la vivienda, lejos de ser derecho básico, es un un activo financiero, generando subidas de precios que empujan a muchas familias a la precariedad. A pesar de que los partidos políticos enfatizan la necesidad de construir “más vivienda accesible”, lo cierto es que la oferta de alquiler ha crecido tras la crisis de 2007, pero el marco legal continúa favoreciendo a los propietarios y a las agencias inmobiliarias, mientras que los inquilinos enfrentan renovaciones abusivas y desahucios invisibles. Más de la mitad de los anuncios de alquiler corresponden a contratos temporales o habitaciones, lo que deja sin protección a gran parte de los inquilinos en las grandes ciudades. Las administraciones públicas han priorizado “el dinamismo del mercado” sobre la seguridad de los hogares, manteniendo una regulación que perpetúa la inseguridad residencial.
