El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que otorga el derecho de compra preferente a cuatro familias afectadas por la venta de viviendas públicas al fondo buitre Blackstone en 2013. Esta victoria judicial, celebrada por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC), marca un hito tras más de una década de lucha. No obstante, los afectados y el SVC advierten que los problemas no han cesado y que muchas familias continúan sufriendo presiones para abandonar sus hogares.
La controversia se remonta a 2013, cuando la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) vendió 1.860 viviendas protegidas a Blackstone por un precio total de 72,8 millones de euros, lo que equivale a 68.000 euros por inmueble. La operación, considerada irregular por la Cámara de Cuentas, privó a las familias inquilinas de su derecho a adquirir las viviendas a un precio justo. Desde entonces, estas propiedades han sido gestionadas por Fidere, filial de Blackstone, que ha impulsado estrategias como aumento de alquileres y cláusulas abusivas, especialmente en zonas como Carabanchel, donde el mercado inmobiliario alcanza precios desorbitados.
El Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que ha liderado la resistencia a través de la organización, celebra el fallo judicial, pero señala que el acoso persiste. Según sus declaraciones a Diario Red, Blackstone ha utilizado prácticas como la negativa a renovar contratos, la generación intencionada de deudas y la prolongación de procesos judiciales para forzar a las familias a abandonar sus hogares. El sindicato denuncia que este desgaste psicológico y económico ha empujado a muchas personas a marcharse antes de que se resuelvan sus casos en los tribunales.
A pesar de esta victoria parcial, desde el SVC subrayan que la batalla “no ha terminado” y que la organización ha sido clave para frenar desahucios y negociar soluciones. “Mientras las vías legales avanzaban lentamente, la movilización colectiva ha sido la única forma efectiva de proteger a las familias”, afirman. Además, alertan sobre la necesidad de frenar la mercantilización de la vivienda y proteger el derecho a un hogar digno frente a los intereses de fondos especulativos como Blackstone.
