El Gobierno español ha aprobado un gasto militar adicional de 2.338 millones de euros desde septiembre de 2024, según datos oficiales del Consejo de Ministros recogidos por La Marea. La mayor parte de este presupuesto, 937 millones (40,1%), se ha destinado a la compra de armas, lo que refleja una tendencia creciente hacia el refuerzo de las capacidades bélicas del Ejército de Tierra a través de acuerdos con la OTAN. Solo en noviembre, se autorizaron 623 millones para munición, en el marco del Ammunition Support Partnership Agreement.
Además del gasto en armamento, otras partidas relevantes incluyen vehículos pesados (472 millones de euros) y uniformes (351 millones), consolidando así el equipamiento logístico de las fuerzas armadas. El mantenimiento de buques y sistemas navales también ha representado un desembolso significativo, con 301 millones autorizados, principalmente para contratos con la empresa Navantia. Estos gastos no solo afectan al presente, sino que comprometen fondos por lo menos hasta 2027, generando compromisos económicos que futuras administraciones deberán asumir.
Este aumento en el gasto militar ha sido justificado por el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, apelando a “la necesidad de disuadir amenazas bélicas”. El pasado marzo, la ministra Robles declaró que “la amenaza de guerra es absoluta”, mientras Sánchez defendía “el refuerzo de la industria de defensa como clave para la seguridad europea”. Sin embargo, varias organizaciones y expertos han expresado su preocupación por el crecimiento desmesurado del presupuesto militar en detrimento de otras áreas.
A comienzos de diciembre, el secretario general de la OTAN Mark Rutte sugirió que los países miembros de la Alianza Atlántica deberán aumentar su inversión militar, aunque eso suponga reducir los fondos destinados a pensiones y seguridad social.
