La pobreza infantil en el Estado español continúa escalando y supera significativamente la media total. Según el Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Infancia 2024 realizado por la Plataforma de Infancia, el 33,9% de los menores de 18 años vive en situación de pobreza y/o exclusión social, más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes. Esto supone nada más y nada menos que un incremento de 116.000 niños, niñas y adolescentes más en esa situación entre 2022 y 2023. Además, este índice sitúa a la infancia y a la adolescencia 7 puntos por encima de la media general la tasa de pobreza y/o exclusión social del Estado español, que se sitúa en el 26,5%.
Además, es tan sólo medio punto porcentual inferior a la registrada en el 2015, año de referencia en que se fijaron objetivos para la reducción de la pobreza infantil. También es superior, en casi 4 puntos porcentuales, que la registrada en el inicio de la crisis de 2008.
La tasa de riesgo de pobreza económica o pobreza relativa en el 2023 fue del 28,9 % en la población infantil y adolescente: 2,3 millones de personas de este grupo viven con menos del 60 % de la mediana de la renta Estatal. Este dato para la población adulta es del 18,4 %, más de 10 puntos porcentuales inferior. Siendo el único grupo de edad donde este riesgo de pobreza aumentó en el año estudiado.
El estudio concluye también que más de 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes experimentan privaciones materiales severas; 867.000, concretamente. Las carencias materiales tienen una mayor incidencia en la infancia (2,2 puntos porcentuales más) que en la población adulta (8,6 %). La carencia material severa (CMS) en el 2023 ha aumentado en todos los grupos de edad registrando el máximo histórico desde 2008, con un incremento superior a los cinco puntos porcentuales. Este componente, que refleja la falta de acceso a necesidades básicas, subraya la profundidad del problema de la pobreza y sugiere la presencia de desigualdades estructurales que afectan a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Tasa AROPE
En el Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Infancia 2024 realizado por la Plataforma de Infancia, se calculan la tasa de pobreza y/o exclusión social de acuerdo con el indicador AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) de Eurostat, que establece criterios más estrictos a la hora de determinar si una persona. En el caso del estudio mencionado, el indicador considera tres componentes principales: el porcentaje de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza según los ingresos del año anterior a la entrevista (pobreza relativa), aquellos que viven en hogares con carencia material severa y los que viven con baja intensidad de empleo en el hogar. Si cuentan con alguno de estos subindicadores, se considera que los niños son pobres.
La pobreza relativa es la carencia económica en comparación con el nivel de vida promedio de la sociedad en la que vive una persona. Una persona se considera en situación de pobreza relativa si sus ingresos son inferiores al 60% de la mediana de ingresos de la sociedad en la que vive; en este caso, del Estado español.
En cuanto a la carencia material severa, forma parte del grupo de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Eurostat. La carencia material severa se refiere a la falta o insuficiencia de recursos materiales básicos necesarios para una vida digna y adecuada. Este concepto va más allá de la simple falta de ingresos y se centra en la ausencia de elementos esenciales para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad
de vida.
Por último, la baja intensidad de empleo se refiere a una situación laboral en la que los miembros de un hogar que están en edad de trabajar tienen una participación laboral limitada o insuficiente en términos de horas trabajadas. Esta medida se utiliza para identificar hogares donde existe una falta de oportunidades laborales adecuadas o donde los miembros de la familia no pueden trabajar a tiempo completo o de manera regular debido a diversas razones, como la falta de empleo disponible, la subocupación, la falta de calificaciones o la presencia de responsabilidades familiares que limitan la disponibilidad para trabajar a tiempo completo. Esta situación puede contribuir a la precariedad económica y a la vulnerabilidad financiera del hogar.
