Haití atraviesa una crisis sin precedentes, provocada por una insurrección armada iniciada por una coalición de pandillas en noviembre con motivo de una crisis política, que ha afectado todos los aspectos de la vida diaria. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cifra en más de 700.000 los desplazados internos. En los mercados reina la escasez de alimentos. La violencia desbordada ha dejado más de 5.500 muertos según la ONU. El dominio de las bandas armadas han convertido al país en un territorio ingobernable, dificultando la organización de elecciones que fueron prometidas desde 2021.
La política haitiana sigue atrapada en un ciclo de inestabilidad. En 2024, se creó el Consejo Presidencial de Transición (CPT) bajo el respaldo de la Comunidad del Caribe (Caricom), pero su desempeño ha sido cuestionado por acusaciones de corrupción y falta de resultados concretos. La reciente denuncia de que tres consejeros están involucrados en un escándalo de corrupción resalta la falta de confianza en el proceso político, lo que agrava aún más la frustración de la población. Michel Toussaint, analista político, señala en El País que los cambios constantes de gobierno solo han incrementado la desorganización en el país. Además, un reciente informe del diario haitiano Le Nouvelliste señala que la federación de pandillas Viv Ansanm ha propuesto una alternativa al CPT, sugiriendo que la Corte de Casación se convierta en el nuevo órgano de transición, una propuesta que fue discutida en la CARICOM. Esto refleja que las bandas armadas también son un actor político en la isla.
La crisis también se hace notar en el sistema judicial haitiano, incapaz de enfrentar la impunidad y la violencia, como lo resalta Jacques Letang. Ante este contexto, la “justicia transicional” se presenta como una posible solución para romper el ciclo de impunidad. Sin embargo, la falta de independencia del sistema judicial y la corrupción que permea las instituciones dificultan la implementación de reformas necesarias.
