El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este 14 de enero la resolución que excluye a Cuba de la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”, una designación que estaba vigente desde enero de 2021 bajo la administración de Donald Trump. Además, el mandatario suspende temporalmente la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, impidiendo demandas judiciales por propiedades nacionalizadas en Cuba, y eliminó restricciones específicas que afectaban transacciones financieras con entidades cubanas. Estas medidas han sido calificadas como “un paso en la dirección correcta” por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel, aunque destacó “su alcance limitado”.
Díaz-Canel, a través de la red social X, agradeció a quienes contribuyeron a esta decisión, señalando que la inclusión de Cuba en dicha lista fue injusta y perjudicial para el pueblo cubano. Sin embargo, subrayó que “siguen en pie el bloqueo económico y la mayoría de las medidas coercitivas impuestas desde 2017”. La Cancillería cubana, por su parte, en un comunicado oficial, enfatizó que estas acciones reflejan una respuesta a las demandas internacionales, pero no modifican el núcleo del bloqueo económico, que continúa afectando severamente al desarrollo del país y al bienestar de su población.
Desde la Casa Blanca, la certificación oficial destaca que “en los seis meses previos no se ha registrado apoyo cubano al terrorismo internacional”, con lo que justificó la exclusión de la isla de esta lista. Sin embargo, en un contexto de cambio de administración, expertos y funcionarios cubanos han advertido sobre la posibilidad de que futuras políticas estadounidenses reviertan las medidas, dado el carácter histórico de las fluctuaciones en la relación bilateral y la permanencia de políticas coercitivas integrales.
Impacto limitado en medio de un bloqueo persistente
No obstante, la reciente decisión estadounidense no elimina los principales obstáculos que afectan a la economía cubana, como la persecución financiera, las restricciones al comercio internacional y el impedimento a las empresas cubanas para abrir cuentas en bancos estadounidenses. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el mantenimiento de estas medidas forma parte de una política que sigue violando el Derecho Internacional y los derechos fundamentales del pueblo cubano.
Asimismo, se mencionaron prerrogativas ejecutivas que el presidente de EEUU podría emplear para aliviar las restricciones, como permitir la exportación de insumos médicos a Cuba, autorizar inversiones en sectores clave como la biotecnología, y flexibilizar políticas que faciliten la cooperación en salud y medicamentos. Desde Granma, aseguran que estas medidas podrían contribuir significativamente al desarrollo de la economía cubana y mejorar las condiciones de vida en la isla.
Un cambio simbólico con desafíos en el horizonte
A pesar de la exclusión de la lista, el gobierno cubano ha señalado que la guerra económica continúa siendo el principal obstáculo para el bienestar de su población. Díaz-Canel reitera el compromiso de Cuba de “mantener su soberanía y su disposición para desarrollar relaciones respetuosas y constructivas con Estados Unidos”. No obstante, alerta sobre el carácter transitorio de la decisión, así como “la necesidad de acciones más amplias que incluyan el levantamiento total del bloqueo”.
El anuncio llega en un momento de cambio político en Estados Unidos y muestra las tensiones históricas que marcan las relaciones entre ambos países vecinos. Mientras tanto, Cuba sigue apelando a los estados del mundo para que refuercen su apoyo contra “política injusta y coercitiva que afecta no solo a la isla, sino también a terceros países”.
