Sánchez aprueba un nuevo decreto ómnibus acordado in extremis con Junts

El texto salva algunas medidas sociales como la revalorización de las pensiones y deja fuera aspectos tributarios y económicos que prometen negociar más adelante.

El presidente del Gobierno español, Pedro Śanchez, en la rueda de prensa del anuncio del acuerdo con Junts, 28 de enero de 2025.
Fotograma: Gobierno de España

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes un nuevo decreto ómnibus que recoge gran parte de las medidas sociales rechazadas la semana pasada en el Congreso de los Diputados. El acuerdo se ha ultimado tras una negociación contrarreloj con Junts, que confirmó conversaciones hasta minutos antes del Consejo de Ministros. Según declaran fuentes del Ejecutivo y de la formación de Carles Puigdemont a RTVE, el texto contempla la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte público, el ingreso mínimo vital y medidas para afectados por la DANA, entre otros puntos, mientras que aspectos tributarios y económicos han quedado excluidos para futuras negociaciones.

El retraso del Consejo de Ministros ha sido clave para cerrar el acuerdo, que también desbloquea las relaciones entre Junts y el PSOE tras semanas de tensiones. Desde Junts señalaron que el pacto incluye la tramitación de una proposición no de ley sobre una cuestión de confianza, un tema que había paralizado los avances con Moncloa. Además, las conversaciones abordaron medidas como “la protección a propietarios frente a ocupaciones”, acordando que el Estado asuma los impagos y desperfectos en viviendas con contratos vigentes.

El decreto se ha presentado como un “escudo social” por el Ejecutivo, aunque su fragmentación y el apoyo a los rentistas ha generado críticas en diversos sectores. Mientras Junts destaca que muchas cuestiones, como la oficialidad del catalán en la UE o inversiones pendientes en Catalunya, siguen abiertas, fuentes del Ejecutivo subrayan que el acuerdo permite “avanzar en prioridades inmediatas”. El presidente Sánchez defiende la medida como “una respuesta a necesidades urgentes” de la ciudadanía, mientras que desde la oposición se cuestiona la falta de consenso en su aprobación.