Ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se enfrentan a penas de hasta 3,5 años de cárcel por participar en una protesta en una sucursal de Caixabank en 2017, donde pidieron que se aplazara la fecha de juicio contra una mujer y sus dos hijos. “El Estado tiene artimañas que usa para apartar de sus intereses a los movimientos sociales, que repite de manera impune cada vez que lo necesita”, explican desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) en un vídeo difundido en redes sociales.
CaixaBank borró las imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad de la sucursal después de haberlas requerido la jueza de la investigación. Por tanto, las acusadas denuncian que, al no haber prueba alguna, “misteriosamente” la entidad bancaria ha logrado llevar a juicio a las 8 de la PAH con peticiones que superan los tres años y medio de prisión. Por ello, denuncian que proceso judicial, que normalmente no habría superado la fase de admisión, se está utilizando como “una herramienta de represión política para imponer los límites de la protesta”.
En respuesta, las activistas han decidido no presentarse al juicio, para denunciar “una estrategia de Estado para hacer desaparecer los movimientos sociales”: Las 6 de la Suiza, Los 6 de Zaragoza, Rodea al Congreso, Futuro Vegetal, y ahora también la PAH. Por ello, han expresado su rechazo a ser parte de este proceso y han dejado claro que “no jugarán a este juego”, advirtiendo a las autoridades “deberán venir a buscarlas el 10 y 12 de febrero”.
