El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería ha ordenado el desalojo de un asentamiento irregular de trabajadores temporeros en la finca El Uno, en el paraje Los Bojares de Níjar (Almería). En este enclave, de propiedad privada, residen actualmente unas 60 personas, incluidos 9 menores de edad, según datos de las organizaciones que trabajan en la zona. La orden judicial establece que deberán abandonar el lugar antes del martes 25 de febrero a las 9:40 horas.
Diferentes organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por la falta de una alternativa habitacional para las familias afectadas. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería advierten que el desalojo supone “un grave riesgo de exclusión para decenas de personas que llevan años residiendo en el asentamiento”. También han alertado sobre el impacto que tendrá en los menores escolarizados en la zona.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Níjar, instando a las administraciones a “garantizar un realojo, dando prioridad a las familias con niños”. Por su parte, la Diócesis de Almería y varias organizaciones religiosas han calificado la actuación como “un atropello de derechos”, denunciando la “falta de sensibilidad” de las autoridades.
Desde la Plataforma Derecho a Techo, recuerdan que el Ayuntamiento no cumplió su compromiso de ofrecer vivienda alternativa tras el desalojo del asentamiento de Walili en 2023. También responsabilizan a la patronal agrícola COEXPHAL, que emplea a estos trabajadores, por no garantizar un alojamiento digno. “El crecimiento de las explotaciones agrícolas no ha ido acompañado de soluciones habitacionales, lo que agrava la crisis de vivienda en Níjar”, afirman.
