El pasado 10 de febrero se publicó la orden de convocatoria de la consulta para elegir la lengua base en los centros educativos valencianos. La Conselleria de Educación, dirigida por José Antonio Rovira, del PP, ha programado la votación, telemática, entre el lunes 25 de febrero y el 4 de marzo. Así, unas 570.000 familias de alumnos de entre el segundo ciclo de Infantil hasta tercero de ESO están llamadas a participar a la encuesta, en la cual solo se podrá elegir una opción: valencià o castellano.
La consulta se enmarca en la llamada ley de “libertad educativa” promulgada en junio de 2024 en sustitución de la ley de plurilingüismo, la cual dictaminaba que se tenían que cursar un 25% de asignaturas en catalán, un 25% en castellano y un 15% en inglés. El resto quedaba “en manos de cada centro”, siempre que no se superara un 60% de la enseñanza en la misma lengua. Esto ya suponía un desprecio al catalán que afectaba sobre todo a las comarcas valencianoparlantes –como la Marina Alta, la Marina Baixa, el Comtat, el Alcoià y la Ribera–, puesto que en centros donde era la lengua de prácticamente la totalidad de las horas lectivas, ahora quedaba significativamente reducida por el tope. Pero la nueva ley va más allá en el arrinconamiento del valenciano: si la mayoría de familias escoge el castellano, pasará a ser la lengua predominante en el aula. En consecuencia, se vulneran los derechos lingüísticos del alumnado.
Refuerzo de la diglosia, desatención de la comunidad educativa e irregularidades procedimentales
La medida ha sido ampliamente criticada por la mayoría de la comunidad educativa, AFAs, sindicatos, entidades de defensa de la lengua y buena parte de la población civil, puesto que presupone que el valenciano y el castellano son lenguas con un estatus sociolingüístico equivalente, a pesar de que el valenciano se encuentra en una situación de minorización. La elección del castellano como lengua vehicular supondrá la exclusión del valenciano de los centros educativos, que son vitales para la adquisición de la lengua en alumnos castellanoparlantes que no lo hablarían si no fuera por la escuela: es necesaria una exposición elevada a la lengua –de un 50% o más– para garantizar la competencia lingüística. Por lo tanto, es un factor de refuerzo de la diglosia en el País Valencià. Se han presentado varios recursos, pero todos han sido desestimados.
En un comunicado conjunto entre Plataforma per la Llengua y la Assemblea de Docents pel Valencià, a partir de la campaña La lengua no se toca señalan que la elección del valenciano –la inmersión lingüística, de hecho– es la única opción que “permite la plena integración en la sociedad valenciana” y “garantiza la plena competencia en las dos lenguas oficiales”. También se ha denunciado que la elección unilateral de las familias de la lengua vehicular en la escuela “es tramposa”, puesto que, como no tiene en cuenta a la comunidad educativa, supone una complicación técnica a la planificación lingüística de los centros.
El programa también implicaría irregularidades: en el supuesto de que “sobre” alumnado de una lengua base y haya plazas para la otra, los estudiantes serán automáticamente asignados al grupo de lengua que no han solicitado, por lo tanto, la tan aclamada “libertad de elección” que reivindica la Generalitat Valenciana será inexistente, según denuncia el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza del País Valencià (STEPV).
Persecución de la defensa del valenciano
La plataforma Escola Valenciana ha manifestado que “la administración pública hace una contraprogramación para acabar sustituyendo nuestra lengua”. A principios de febrero, la asociación Famílies Pel Valencià denunció que la Conselleria de Educación obligó a retirar las pancartas en favor del valenciano en la consulta de los centros educativos de Oliva (la Safor) a raíz de la denuncia de la entidad catalanófoba “Escuela de todos”. En una entrevista en VilaWeb, la presidenta de Escola Valenciana ha lamentado que la Generalitat valenciana priorice el conflicto lingüístico sobre otros aspectos más urgentes que afectan al alumnado.
“Ya hace años que las comunidades educativas no vivimos el tema lingüístico como un problema. Ahora tenemos otros. Cuestiones de salud mental, las redes, el bullying, actitudes fascistas de adolescentes, hay muchos temas que tenemos que tratar, y esto no era un problema. Pero ahora, se volverán a alimentar esos prejuicios lingüísticos”.
A la vez que exige “neutralidad ideológica y lingüística” en los centros educativos públicos, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, participó en un acto de la plataforma Hablamos Español, la cual condena “el adoctrinamiento lingüístico” de las lenguas no-españolas del Estado y critica que la “libertad” y los “derechos” de las personas estén “al servicio de la conservación de las lenguas”, mientras que busca la expansión y la consolidación del castellano.
Además de la consulta, la ley Rovira ha implicado la supresión del Consejo Social de las Lenguas y de la Oficina de Derechos Lingüísticos, un espacio de participación y de asesoramiento en política lingüística. También se han retirado artículos del Decreto 61/2017, que fomentaban el uso del valenciano en la administración pública, entre otros de otras medidas que suponen un jaque al uso social del valenciano.
Respuesta en las redes sociales y movilizaciones
La reacción de la comunidad educativa y a nivel social ha sido reseñable. La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha convocado varias concentraciones en las ciudades y en los pueblos del País Valencià. Además de animar a la participación a las manifestaciones, la entidad exige la dimisión de Carlos Mazón i José Antonio Rovira, de quien no se olvidan, tampoco, en sus respectivas gestiones negligentes de la DANA. Las redes sociales se han llenado de campañas de varios colectivos y formatos que remarcan la necesidad de marcar “sí” al valenciano.
