Andalucía celebró el 28 de febrero de 1980 su referéndum para acceder a una autonomía plena, en igualdad con Catalunya, la Comunidad Autónoma Vasca y Galiza. El proceso estuvo marcado por la oposición de la Unión de Centro Democrático (UCD) y una huelga de hambre del entonces presidente de la Junta preautonómica, Rafael Escuredo. Según el Centro de Estudios Andaluces, el 80% de los andaluces actuales se siente “orgulloso de su identidad”, con el habla andaluza como uno de los principales elementos de reconocimiento. En términos demográficos, la población ha crecido de 6,4 a 8,6 millones de personas, con un aumento significativo de la esperanza de vida.
En el ámbito socioeconómico, el porcentaje de analfabetismo ha disminuido del 15% en 1980 a menos del 3% en 2025, y la presencia femenina en la universidad supera ahora el 50%. Sin embargo, la pobreza persiste como un problema estructural: cuatro de cada diez andaluces están en riesgo de exclusión social, según el Instituto Nacional de Estadística, con una tasa 11 puntos superior a la media del Estado español. En el mercado laboral, el desempleo ha alcanzado su nivel más bajo en 17 años, pero mantiene la mayor tasa de paro femenino del país. La comunidad es también epicentro de la oleada turística, con más de 35 millones de visitantes en 2024, donde Málaga se ha posicionado como el centro inmobiliario más caro de la región.
En términos de proyectos de innovación, Andalucía destaca en energías renovables y ciberseguridad. Se han desarrollado proyectos como el Valle del Hidrógeno Verde en Huelva y Cádiz, y el acelerador de partículas Ifmif Dones en Granada, que aspira a producir energía basada en fusión nuclear. Málaga, por su parte, alberga el principal centro de ciberseguridad de Google en Europa. A pesar de los avances, los desafíos en empleo, vivienda y desigualdad siguen marcando la agenda de la comunidad que seguirá siendo clave para el porvenir del Estado español.
La lucha por la autonomía
La autonomía andaluza no fue un simple trámite institucional, sino el resultado de un proceso de lucha política y social que tuvo como protagonistas a la clase trabajadora y los movimientos de base. Desde la Transición, sindicatos, organizaciones vecinales, trabajadores del campo y fuerzas políticas revolucionarias impulsaron la descentralización política y administrativa con la intención de superar el atraso económico y la marginación histórica que sufría Andalucía. El referéndum del 28 de febrero de 1980, enmarcado en un contexto de intensa movilización, consolidó el acceso a la autonomía plena por la vía del artículo 151, una conquista relativa que reflejaba el deseo de autogobierno y justicia social de la clase trabajadora andaluza.
Posicionamientos políticos
A medida que el movimiento por la autonomía de Andalucía adquiría fuerza en las calles, los actores políticos institucionales se vieron forzados a posicionarse ante la cuestión andaluza, reflejando las concepciones e intereses distintos sobre el modelo territorial. El PSOE, con una fuerte implantación en Andalucía, impulsó la vía del artículo 151 como una apuesta por la “igualdad territorial” y la consolidación de su base social. El PCE, el andalucismo social, los sindicatos de clase y las organizaciones revolucionarias jugaron un papel clave en la movilización popular, donde la autonomía era vista como una herramienta para la transformación económica, política y social. UCD, que en aquel momento gobernaba en Madrid, mostró reticencias, temiendo un efecto contagio que desbordara su diseño autonómico. Mientras tanto, la derecha “post-franquista” andaluza, con Alianza Popular como principal exponente, se opuso al proceso, argumentando que “ponía en riesgo la unidad del Estado”. Estas tensiones marcaron el debate político y el desarrollo del referéndum, en el que la movilización social logró imponerse a los intentos de frenar la autonomía plena de Andalucía.
Doble filo
Paradójicamente, la autonomía andaluza, lejos de generar un conflicto prolongado, acabó sirviendo como un instrumento de pacificación social, de forma homóloga a otros territorios del resto del Estado español; a excepción de Euskal Herria. Así, el proceso de descentralización permitió que las reivindicaciones históricas de Andalucía fueran reconducidas y parcialmente absorbidas por el régimen español, que cedió a la clase política y empresarial de la región un mayor control sobre sus recursos y decisiones políticas.
En este contexto, la hegemonía del PSOE en general y su sección andaluza en particular (dos esferas políticas que han estado fuertemente imbricadas desde transición), sirvió para capitalizar el “éxito” del proceso autonómico, consolidando su poder y liderazgo, tanto a nivel regional como estatal. Así, algunos historiadores críticos apuntan a que la autonomía no solo fue una victoria política parcial forzada por la clase trabajadora andaluza, sino que sirvió como un factor de estabilización social, canalizando la conflictividad de clases hacia la institucionalización de sus demandas, contribuyendo a la cohesión interna de la región, la estabilidad del régimen democrático y reduciendo las tensiones políticas y sociales derivadas de las desigualdades históricas que aún persisten en el territorio.
