En los últimos años, el Estado español ha experimentado un crecimiento notable en el número de docentes, especialmente en el sistema educativo público. Según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes recogidos en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, el profesorado en centros de enseñanzas no universitarias ascendió a 810.863 docentes en el curso 2021-2022, lo que supone un incremento del 10,9% en la última década. El crecimiento ha sido más pronunciado en la enseñanza pública: son 93.442 más en la última década hasta un total de 596.705 (+15,7%). En la educación privada y concertada hay 21.196 nuevos docentes y son en total 214.720 (9,9%). Este aumento ha sido impulsado en parte por políticas de reducción de la ratio alumno-profesor, la estabilización de interinos en el sector educativo y las perspectivas de jubilación de la generación baby boom, pero hay más.
El refuerzo del personal docente se ha justificado con el argumento de “mejorar la calidad educativa”, especialmente desde los sindicatos, que aseguran que este aumento de personal permitirá “facilitar una enseñanza más personalizada” y “reducir la sobrecarga de trabajo del profesorado”. De hecho, este crecimiento docente ha permitido reducir la ratio de estudiantes por profesor del Estado español a 10,6, situándose por debajo de las medias de la Unión Europea y la OCDE. Sin embargo, el auge de la docencia podría generar desequilibrios en el gasto público que las autoridades acabarán identificando tarde o temprano, especialmente si no va acompañado de un aumento proporcional en el número de alumnos o de una mejora significativa en los resultados académicos; perspectivas que parecen improbables por el momento.
El impacto económico y desajuste demográfico
El incremento del profesorado supone una mayor inversión en salarios y formación, lo que a corto plazo implica un mayor gasto público en educación. Según datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto destinado a educación ha crecido en los últimos años, alcanzando los 59.222 millones de euros en 2022, un 16,4% más que en 2018. Sin embargo, el número de estudiantes en enseñanzas no universitarias apenas ha aumentado en la última década y, de hecho, se prevé un descenso en los próximos años debido a la baja natalidad.
Sin embargo, este incremento del personal docente contrasta con la disminución del alumnado, consecuencia directa de la caída de la natalidad. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que en 2022 se registraron solo 329.251 nacimientos, el número más bajo desde que se tienen registros. Entre 2013 y 2023, el Estado español ha perdido aproximadamente 450.000 niños menores de 16 años, y se estima que para 2037 la cifra superará el millón. Esta tendencia demográfica ha comenzado a impactar en etapas educativas como la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que en el curso actual ha registrado una disminución de 10.811 estudiantes, la primera en quince años. Esta tendencia sugiere que en los próximos años la población escolar disminuirá considerablemente, lo que podría generar un fuerte desajuste entre la oferta de docentes y la demanda educativa. En este contexto, algunas voces cuestionan si el crecimiento del profesorado es sostenible a largo plazo.
