En 2023, el 20,8% de los hogares del Estado español no pudo calentar adecuadamente sus viviendas durante el invierno, lo que equivale a unos 8,6 millones de personas. Este dato, publicado por Eurostat, es el indicador que peor ha evolucionado dentro de la pobreza energética, con un aumento significativo respecto al 14,3% en 2021, un cambio que se debe en gran parte a la crisis energética provocada por la invasión rusa en Ucrania. Según declaraciones del coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas José Carlos Romero en Cinco Días, este aumento se produce a pesar de la moderación en los precios de la energía y un incremento de los ingresos medios. Aunque se modificó el periodo de recopilación de datos, Romero considera que el crecimiento en la pobreza energética sigue siendo preocupante.
La Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) calcula que en total, 10,1 millones de personas en el Estado español se encuentran en situación de pobreza energética, lo que representa un aumento del 45% en los últimos dos años. A pesar de que se espera una disminución en 2024, con un 17,6% de hogares afectados, el cambio en las políticas fiscales, como el recorte de los descuentos del bono social a partir de julio, podría empeorar la situación. Las ayudas actualmente disponibles, como el bono social eléctrico, han permitido mitigar parcialmente la pobreza energética, pero la falta de accesibilidad, la burocracia y el desconocimiento de las ayudas limitan su efectividad. El 75% de los hogares afectados por pobreza energética son inquilinos, y el mal estado de las viviendas, muchas de ellas con una baja eficiencia energética, sigue siendo un problema importante.
