En las últimas semanas, el gobierno del PP y Vox en la Generalitat Valenciana se ha colocado en el foco mediático del territorio con su nueva reforma educativa, que supone una estocada más a la lengua valenciana.
La derecha ha jugado a oscurecer este ataque tras un manto de fraseología encabezada por el término «libertad educativa». Así es como han presentado una ley que somete a votación de las familias la lengua vehicular principal en la que los hijos accederán a la educación. Por supuesto, de lo que se trata es de arrinconar aún más el valenciano, oficializando la tendencia general a la homogeneización lingüística que el capitalismo imprime sobre los mercados estatales. Libertad, en cambio, sería garantizar las condiciones para el desarrollo de los individuos en su propia lengua, o brindar las capacidades para escoger libremente qué lengua utilizar en cada contexto. Pero el sistema educativo no está para hacer a nadie libre, sino para prepararnos según las necesidades de un determinado mercado capitalista.
Que un gobierno de PP y Vox se dedique a consolidar la castellanización de los territorios con una historia de nacionalismo periférico y con una lengua propia no es una sorpresa para nadie. Lo que resulta desolador es que, a nivel estatal, este tipo de medidas les salgan gratis. En las zonas que no se ven directamente afectadas, no existe hoy una preocupación social amplia por la opresión nacional y lingüística que ejerce el Estado español. Y esto recluye el conflicto a los territorios afectados, dejando hueco a la política del nosotros contra el ellos, de lo nuestro contra lo de fuera.
Es en ese terreno en el que se han movido las políticas de la socialdemocracia, que, como representante de unas clases medias autóctonas, ha opuesto medidas de resistencia destinadas a la preservación de la cultura propia frente a la ajena. A menudo, en medio de las fuertes tendencias generales, estas políticas sólo pueden adoptar formas excluyentes y elitistas que se granjean una considerable impopularidad. Por descontado, no consiguen parar, ni mucho menos revertir, la tendencia a la baja del uso del valenciano, que, como decía, responde a una dinámica general que ninguna reforma educativa puede detener.
Por ello, nuestra oposición a los ataques al valenciano y a cualquier otra lengua minorizada del Estado no pasa por comprar la política de la impotencia socialdemócrata, que sólo alcanza, si acaso, a autorreproducir a cierto sector de la clase media, a costa de alimentar visiones identitarias de la cultura que tienden a profundizar la fragmentación del sujeto que podría proponer una alternativa: la clase trabajadora.
Porque, si alguien puede plantar cara al avance de las tendencias ciegas impuestas por las necesidades del mercado capitalista, es un sujeto revolucionario dispuesto a transformar las relaciones sociales para garantizar el libre desarrollo de todos los individuos. Y esto significa también que, en nuestro contexto estatal, una de las tareas de la organización revolucionaria es convertir los ataques a las lenguas periféricas que ejerce el Estado español, así como la ideología españolista en general, en preocupación de toda la clase trabajadora del Estado. Poner de relieve el origen de clase del conflicto lingüístico y convertirlo en una vía más para el avance de la conciencia socialista pasa por que la clase trabajadora del resto del Estado condene con firmeza las ofensivas de su burguesía nacional contra la clase trabajadora directamente afectada por el conflicto lingüístico. Sólo así se crean las condiciones para la unificación de la clase por encima de sus diferencias culturales y, por tanto, se abona el terreno para consolidar una fuerza de clase capaz de ir más allá de la resistencia inmediata e impotente. Es, por ello, un paso necesario para contener la ofensiva lingüística que hoy sale demasiado barata a los gobiernos de derechas.
