La pobreza infantil en el Estado español afecta al 30% de los niños y niñas, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje ha aumentado en los últimos dos años, mientras que las políticas públicas destinadas a reducirlo muestran una eficacia inferior a la media europea.
Organizaciones como Save the Children han señalado que el Estado español es uno de los pocos países que no ha implementado una prestación universal por hijo a cargo, una medida que en otros Estados de la Unión Europea ha sido un instrumento de política social durante décadas. Sin embargo, su posible aplicación en el Estado español no ha avanzado debido a la falta de consenso político, pánico moral a nivel social y la ausencia de previsión presupuestaria.
La prestación universal por hijo ha tenido desarrollos diversos en Europa. Irlanda introdujo esta ayuda en 1944 con un enfoque originalmente vinculado al modelo de familia con un único proveedor de ingresos. Actualmente, la cuantía es de 140 euros mensuales por hijo hasta los 16 años, con extensión hasta los 18 en determinados casos. Según datos de Eurostat, la pobreza infantil en Irlanda es del 15,2%, inferior a la del Estado español, aunque otros factores, como el acceso a la vivienda y el coste de vida, siguen siendo determinantes en la exclusión social.
Polonia implantó en 2016 el programa 500+, con 120 euros mensuales por hijo (elevados a 191 euros en 2024), lo que ha coincidido con una reducción de la pobreza infantil del 29% en 2005 al 15% en 2023. No obstante, su efectividad ha sido objeto de debate, dado que la medida se enmarca en una estrategia gubernamental orientada a fomentar la natalidad más que a corregir desigualdades.
En el Estado español, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado que las prestaciones actuales, como el complemento de infancia del Ingreso Mínimo Vital, tienen un alcance limitado, beneficiando solo a 274.000 hogares, frente a los 1,5 millones que podrían percibir una “prestación universal”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó en 2022 evaluar esta medida, pero hasta la fecha no ha habido avances legislativos.
Mientras tanto, otros países han ajustado sus modelos: Italia introdujo en 2022 una prestación universal modulada según renta, sustituyendo ayudas previas. En Reino Unido, donde la ayuda está restringida a los dos primeros hijos en la mayoría de los hogares, la pobreza infantil supera el 30%, lo que indica que este tipo de transferencias, por sí solas, no garantizan la reducción de la pobreza infantil.
