Desde que el Gobierno español puso en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, la Seguridad Social ha reclamado la devolución de 500,28 millones de euros en ayudas percibidas, lo que representa un 4,7% del total abonado en este programa de asistencia.
Según el informe de 2024 del Defensor del Pueblo recogido por eldiario.es, estas devoluciones afectan principalmente a familias en situación de pobreza y se derivan en su mayoría de la revisión anual de la prestación. La institución liderada por Ángel Gabilondo advierte que estos procedimientos “afectan de manera desproporcionada a colectivos vulnerables” y señala demoras en la gestión administrativa como una de las causas del problema.
En los últimos dos años, se han registrado 92.365 expedientes de reintegro, mientras que la Seguridad Social ha aplicado más de 153.000 compensaciones directas, descontando la deuda de las prestaciones aún vigentes. La media de los períodos reclamados alcanza las diez mensualidades de IMV, lo que deja a muchas familias en situaciones de extrema precariedad.
“La deuda generada se acrecienta en buena parte por la lentitud de la Administración a la hora de resolver y tramitar el procedimiento de reintegro”, señala el Defensor del Pueblo en su informe. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defienden que “la gran mayoría de solicitudes de devolución de ingresos no responden a errores de la administración” y que “cumplir con la normativa vigente” es su única opción.
El informe recomienda “revisar el sistema de reclamaciones y limitar las devoluciones en casos donde media error de la Administración y no puede acreditarse mala fe del beneficiario”, en línea con la jurisprudencia europea. También propone “establecer un periodo máximo entre la detección de un cobro indebido y la reclamación para evitar el crecimiento de la deuda”.
Aunque la Seguridad Social ha introducido modificaciones para mitigar el impacto de estos reintegros, el Defensor del Pueblo considera que “las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes” y aboga por una “reforma legal para garantizar una mayor protección a los hogares más vulnerables”.
