Las autoridades migratorias de Berlín han iniciado el proceso de deportación de cuatro residentes extranjeros por su presunta participación en protestas contra el genocidio israelí en Gaza. Según informa +972 Magazine, ninguno de los afectados ha sido condenado por delitos, pero la medida se justifica en “supuestos riesgos para el orden público”. La decisión ha generado controversia dentro de la administración de la ciudad y ha suscitado comparaciones con estrategias represivas aplicadas en otros países.
Los afectados son Cooper Longbottom (EEUU), Kasia Wlaszczyk (Polonia), Shane O’Brien e Roberta Murray (Irlanda). De acuerdo con el abogado Thomas Oberhäuser, de la Asociación Alemana de Abogados, la normativa migratoria permite deportaciones sin condenas judiciales, pero deben basarse en “razones proporcionales al impacto de la expulsión”.
En este caso, algunos de los argumentos incluyen la presunta participación en la ocupación de un edificio universitario y el uso de consignas prohibidas en Alemania. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y la referencia al principio de Staatsräson—el compromiso del Estado alemán con la seguridad del Estado de Israel—como justificación legal han sido cuestionadas por expertos jurídicos.
Documentos obtenidos por The Intercept revelan que la orden fue emitida bajo presión política, pese a las objeciones internas de funcionarios de inmigración en Berlín. Silke Buhlmann, jefa de prevención del crimen en la agencia de inmigración, advierte que “los argumentos eran insuficientes para revocar el derecho de residencia de ciudadanos de la UE”, pero sus objeciones fueron desestimadas por el Senado de Berlín. Gorski, abogado de dos de los afectados, califica la decisión como un “uso extremo de medidas desproporcionadas” y anuncia que han presentado un recurso urgente contra la deportación.
