La jueza Ana López-Suevos ha impuesto una fianza de algo más de un millón de euros a la anterior cúpula directiva de El Correo Gallego, otorgándoles un plazo de diez días para depositar esta cantidad ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago (Galiza), bajo amenaza de embargo en caso de incumplimiento.
La medida, comunicada en un auto fechado el 24 de abril, se enmarca en una investigación que busca esclarecer presuntas maniobras para ocultar dinero y frustrar la ejecución de embargos tras la quiebra del diario y su traspaso a nuevos propietarios.
Según el auto, recogido por eldiario.es, los investigados habrían manejado fondos procedentes de publicidad y ayudas públicas mediante más de 80 cuentas bancarias para dificultar la detección del estado real de la empresa.
El principal investigado es José Manuel Rey Novoa, periodista y exdirector del periódico durante décadas, junto a Ángel Remesar, exgerente, y las parejas de ambos. Se les atribuye un presunto delito de frustración de la ejecución, similar al alzamiento de bienes.
El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía, encargado por la jueza, detalla que entre 2013 y 2017 se realizaron “movimientos rápidos y continuos de dinero para evitar que quedasen saldos embargables en las cuentas”, además de cargos por gastos personales como tiendas, viajes, hoteles y el alquiler de una caja de seguridad en el BBVA, donde Rey Novoa figuraba como autorizado. La UDEF documentó también una red de empresas vinculadas a los investigados que facilitaba la circulación del dinero y complicaba su rastreo.
El Correo Gallego, perteneciente al grupo Prensa Ibérica e históricamente vinculado al Partido Popular gallego, recibió durante años importantes ingresos públicos de gobiernos y organismos dependientes del PP, mientras la plantilla acumulaba retrasos salariales de hasta 24 meses.
En 2021, poco antes de la declaración del concurso de acreedores, la dirección organizó una fiesta con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente gallego, para entregar premios a trabajadores. La jueza ha abierto una pieza separada en la instrucción que investiga estas maniobras financieras y ha fijado la fianza millonaria como garantía para responder por posibles responsabilidades.
