Las manifestaciones celebradas este fin de semana en Canarias han reunido a 23.190 personas, según la Delegación del Gobierno en las islas, en protesta por las consecuencias del actual modelo turístico.
La convocatoria, impulsada por diversos movimientos sociales, tuvo su mayor concentración en Tenerife, con 15.000 asistentes, seguida de Gran Canaria, con 5.000.
Las pancartas y consignas, como Somos los esclavos de Europa o Turismo de masas, pobreza en las casas, denunciaron la presión del turismo sobre la vivienda, el territorio y los servicios esenciales como sanidad y educación. Es la tercera gran movilización en el último año en el archipiélago, según recuerda La Vanguardia.
Según datos oficiales, el turismo representa el 37% del producto interior bruto (PIB) canario de forma directa y alcanza el 70% de manera indirecta, con una “aportación” económica de casi 21.500 millones de euros y batiendo récords año a año.
Sin embargo, Canarias registra los salarios más bajos del Estado y más del 31% de su población está en riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
A la par, las proyecciones que analizan las cifras del boom turístico anticipan un problema demográfico y una destrucción de la vida local sin precdedentes, con una situación donde habría más visitantes que habitantes permanentes en un margen de 5 a 1, es decir, cinco visitantes por cada residente.
Entre las reivindicaciones expresadas en las protestas figuran una ley de residencia, una tasa turística, la paralización de nuevos desarrollos hoteleros y la protección del acceso a la vivienda frente a la expansión de la oferta vacacional.
El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado que “está trabajando en una ley para regular la vivienda vacacional”, actualmente en trámite parlamentario, y que también ha aprobado un decreto para “facilitar la construcción de vivienda pública”.
Además, se han constituido mesas de trabajo con cabildos, ayuntamientos y universidades para “abordar el reto demográfico”.
No obstante, las organizaciones convocantes consideran insuficientas estas medidas y denuncian que “se siguen proyectando complejos hoteleros” tanto en Gran Canaria como en Tenerife.
Clavijo se ha mostrado abierto a “debatir la aplicación de una tasa turística” y a “limitar la compra de vivienda por extranjeros”, aunque estas propuestas cuentan con la oposición abierta del Partido Popular, socio clave de gobierno en la comunidad autónoma.
