Un informe elaborado de forma discreta por Cáritas a finales de marzo y principios de abril ha identificado a 412 personas viviendo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Según publicó El País el 16 de mayo, el censo fue realizado entre las 21:00 y las 23:00 horas durante varias noches por voluntarios que recorrieron las cuatro terminales.
Del total detectado, 137 accedieron a responder al cuestionario, lo que constituye una muestra significativa. El 78% son hombres, casi la mitad tiene entre 45 y 64 años, el 74% son extranjeros —principalmente latinoamericanos— y un 22% supera los 65 años.
El documento alerta de “una llamada de atención” ante problemas de salud, exclusión y discapacidad, y destaca que el 52% de los encuestados está empadronado en Madrid y el 38% sale a trabajar durante el día.
El Ayuntamiento de Madrid ha sostenido que solo debe hacerse cargo de quienes tienen “vínculos con la ciudad”.
El informe proporciona dos indicadores: el empadronamiento —mayoritario— y un 32% que afirma incluso tener familia, trabajo o usar servicios sociales en la capital.
El documento concluye que “parece ser necesaria una respuesta desde el ámbito local”. Al mismo tiempo, llama a “no tensionar los servicios municipales ya saturados” y reprocha la falta de recursos de emergencia en los municipios colindantes.
Sobre el perfil migratorio, el censo revela que solo un 21% acaba de llegar al Estado español y que el 45% lleva más de cinco años en el país.
La irregularidad documental afecta, según el estudio, hasta al 39,6% de los extranjeros si se consideran aquellos con solo pasaporte como identificación válida.
El informe atribuye responsabilidades a todas las administraciones. Al Ayuntamiento de Madrid le reclama más plazas de emergencia. A la Comunidad de Madrid, que “refuerce políticas de integración y actúe como coordinadora regional”, siguiendo “el ejemplo” de Catalunya en El Prat. Al Gobierno central, que active mecanismos de acogida para personas solicitantes de asilo y migrantes excluidos del sistema de ayuda humanitaria.
También cuestiona el impacto de la política de extranjería en la integración. Finalmente, a AENA le asigna dos funciones: “humanizar la gestión” del aeropuerto y “colaborar activamente en la detección y derivación de personas vulnerables”. El documento no menciona ni al Ministerio de Transportes ni al de Derechos Sociales como responsables directos.
