El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea estudia este martes la petición del Gobierno español para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en las instituciones europeas.
La propuesta, presentada en agosto de 2023 y fruto de un acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Junts, requiere el respaldo unánime de los Veintisiete Estados miembros para salir adelante.
Moncloa ha introducido cambios en su planteamiento inicial para salvar las reticencias de varios países, como una implantación por fases a partir de 2027 y el compromiso de asumir el coste de la traducción, estimado en 132 millones de euros según la Comisión Europea.
La votación está en el orden del día del Consejo, aunque el Ejecutivo español podría retrasarla si no logra los apoyos necesarios. Entre las modificaciones, el Gobierno español propone comenzar la traducción de la legislación comunitaria a los tres idiomas por los reglamentos adoptados desde 2017, dejando para más adelante otras normas como las directivas.
El modelo sigue la lógica aplicada al gaélico, que fue reconocido como lengua oficial de la UE en 2007, pero cuya implantación plena se demoró por la falta de traductores disponibles.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Presidencia, Félix Bolaños, han intensificado los contactos diplomáticos en las últimas semanas para recabar apoyos.
Sin embargo, varios países mantienen reservas por el precedente que podría sentar para otras lenguas minoritarias, como el ruso, el turco, el bretón o el corso.
El Gobierno español insiste en que el catalán, el euskera y el gallego ya son cooficiales en España y se usan en las Cortes Generales, y defiende que la UE debe reconocer esta realidad lingüística.
Presiones y negociaciones
Las negociaciones en torno a la cuestión se han intensificado en las últimas horas, con presiones cruzadas entre los principales partidos españoles y contactos diplomáticos directos entre capitales europeas.
El Partido Popular Europeo, que controla catorce gobiernos en la UE, se opone a la iniciativa y fuentes internas reconocen que el Gobierno español “lo está peleando como si le fuera la vida en ello”, aunque admiten que las opciones de éxito “no llegan ni al 50%”.
Desde Junts, partido clave para la estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez, advierte que si la medida no sale adelante ahora o en junio, retirarán su apoyo al Gobierno en cuestiones clave como los Presupuestos.
El PSOE acusa al PP de “maniobrar en Europa para boicotear la oficialidad” y de “negar la identidad nacional de España al rechazar la diversidad que nos une y nos define”, mientras que los populares justifican sus gestiones en Bruselas alegando que el Ejecutivo “instrumentaliza la lengua por intereses políticos” y que tienen derecho a promover el rechazo en otros países.
Ante la posibilidad de un rechazo, el PSOE ya prepara el terreno y subraya que la propuesta ha sido “muy trabajada y mejorada”, insistiendo en que “la responsabilidad de la negativa recaería en quienes ponen piedras en el camino y no en el Gobierno”.
