El Gobierno italiano ha aprobado en 2024 una nueva Ley de Seguridad que entró en vigor a principios de abril. Esta ley introduce modificaciones sustanciales en el Código Penal y el sistema de garantías procesales.
Entre los principales cambios se encuentra la creación de nuevas figuras delictivas relacionadas con la posesión o difusión de materiales con instrucciones para cometer lo que denominan como “actos de terrorismo” o para “la fabricación de explosivos”.
También endurece las penas por daños durante manifestaciones “si se emplea violencia o amenaza”. Las condenas en estos casos pueden alcanzar hasta cinco años de prisión. Además, se aumentan las sanciones por “alteración o daño a bienes públicos utilizados para funciones oficiales”, con penas de entre seis meses y un año y medio de cárcel, además de multas económicas.
Uno de los puntos más controvertidos de la norma es la tipificación del delito de “ocupación arbitraria de inmuebles destinados a domicilio ajeno”. Esta medida permite a las fuerzas de policiales ejecutar desalojos inmediatos sin necesidad de una orden judicial, lo que ha generado alarma entre juristas y movimientos sociales.
También se ha agilizado el procedimiento para “liberar propiedades ocupadas de forma ilegal” y se ha ampliado de tres a diez años el plazo en el que puede retirarse la nacionalidad italiana tras una condena firme por “terrorismo”, “subversión” u “otros delitos graves”.
La nueva ley también modifica el régimen penal de mujeres reclusas con hijos, reduciendo las garantías anteriormente vigentes para este colectivo.
Otra medida incluida es la autorización para que las fuerzas policiales porten armas incluso fuera de servicio. Estas disposiciones han sido criticadas por colectivos sociales y especialistas en derechos humanos, que consideran que la reforma representa “una gravísima amenaza a las libertades y derechos”, según recoge el medio Sin Permiso.
La aprobación del paquete legislativo se enmarca en un contexto de endurecimiento general de las políticas de seguridad y control social en Italia.
Diversas organizaciones han advertido que este cambio normativo incrementa el poder punitivo del Estado y limita derechos fundamentales como la protesta y la presunción de inocencia.
La norma ha sido promovida por el actual Ejecutivo de Giorgia Meloni en el marco de una estrategia que, según sus impulsores, busca “reforzar la seguridad y el orden público ante amenazas internas y externas”.
