El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el martes por la noche el despliegue de la Guardia Nacional en distintos puntos del estado para “garantizar la paz y el orden”, en respuesta a las protestas contra las redadas antiinmigrantes impulsadas por el gobierno federal.
Abbott recalcó en la red social X que “protestar pacíficamente es legal, pero dañar personas o propiedades es ilegal y desembocará en detenciones”, y aseguró que la Guardia empleará “todo tipo de herramientas” para apoyar a las fuerzas policiales.
La decisión llega después de que el presidente Donald Trump enviara militares federales a Los Ángeles, California, tras los disturbios provocados por las redadas del ICE, medida que ha desatado manifestaciones en ciudades de todo el país, incluidas Austin, Dallas, Houston y San Antonio.
En Texas, las protestas han ido acompañadas de enfrentamientos puntuales con la policía, bloqueos y algunos arrestos, especialmente en Austin y Dallas, donde se han registrado incidentes con uso de gas lacrimógeno y proyectiles de pimienta para dispersar a los manifestantes.
El despliegue de la Guardia Nacional en Texas es “preventivo” y se mantendrá en alerta ante las protestas programadas para los próximos días, según confirman portavoces del gobierno estatal y medios locales.
¿Qué supone la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional es una fuerza militar auxiliar de reserva compuesta por voluntarios, organizada en unidades estatales bajo el mando de los gobernadores, aunque puede ser federalizada por el presidente en casos de “emergencia nacional”, como en este caso.
Su despliegue en un estado, como Texas, implica que el gobernador puede utilizarla para “mantener el orden público, responder a desastres o apoyar a las fuerzas del orden locales”.
Jurídicamente, la Guardia Nacional opera bajo una doble autoridad: en tiempos “normales” responde al gobernador y a las leyes estatales, pero si es activada por el gobierno federal, pasa a estar bajo control directo del presidente y del Departamento de Defensa, integrándose temporalmente en el Ejército o la Fuerza Aérea de EE.UU.
Su uso en situaciones de protesta o disturbios permite a las autoridades estatales disponer de recursos militares extra para tareas de orden interno, aunque, en teoría, debe hacerlo siempre bajo los límites establecidos por la Constitución y la legislación federal y estatal. En este caso, su uso en California ha encendido un acalorado debate sobre la supuesta incostitucionalidad.
