El juez federal Charles R. Breyer ha dictaminado que el presidente Donald Trump actuó ilegalmente al movilizar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador de California,
Gavin Newsom, y ordenó devolver el control de las fuerzas al estado, argumentando que Trump “excedió sus competencias legales y violó la Décima Enmienda de la Constitución de EEUU”, según documentos judiciales citados por The Washington Post.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió temporalmente esta orden, autorizando que las tropas permanezcan desplegadas mientras se resuelve el recurso presentado por el gobierno federal. La corte ha fijado una audiencia para el 17 de junio para decidir si mantiene o revierte esta suspensión.
La demanda presentada por el estado de California contra Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el Departamento de Defensa reclama que la Guardia Nacional y los marines desplegados en Los Ángeles “se limiten a proteger instalaciones y personal federal”, y no participen en funciones de lo que denominan como “orden público local”.
Actualmente, unos 4.100 efectivos forman parte de la Fuerza de Tarea 51, desplegada tras protestas derivadas de redadas migratorias, de los cuales aproximadamente 2.100 operan en el área de Los Ángeles.
El gobernador Newsom ha señalado que no busca impedir “la protección de bienes federales”, sino “evitar un daño irreparable a nuestras comunidades y al Estado de derecho”, según declaraciones recogidas por The Washington Post.
La suspensión del Noveno Circuito es “provisional” y no constituye una autorización definitiva para que Trump mantenga el despliegue.
La orden inicial del juez Breyer estaba programada para entrar en vigor el 13 de junio, pero quedó en pausa hasta la próxima audiencia.
La disputa legal se centra principalmente en el control de la Guardia Nacional; el despliegue de los marines y su participación en tareas represivas sigue siendo objeto de debate y no está cubierto por la orden judicial inicial.
El juez Breyer ha convocado una vista para el 20 de junio, en la que se evaluará la posibilidad de imponer una orden judicial preliminar que limite la actuación del Ejecutivo federal.
