Las administraciones públicas españolas del Estado español requieren hoy cerca de 200.000 millones de euros más que en 2019 para sostener el funcionamiento ordinario de los servicios públicos esenciales. Este incremento histórico responde al envejecimiento de la población, la subida de los costes laborales y materiales, el aumento del empleo público y el efecto de las ayudas sociales tras la pandemia.
Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos, el gasto en consumo final de las administraciones públicas ha pasado del 18,7% del PIB antes de la pandemia al 19,4% en 2024, mientras que el techo de gasto para 2025 se sitúa en 195.353 millones de euros, un 3,2% más que el año anterior y muy por encima de los niveles prepandemia.
Las estadísticas oficiales muestran que el gasto total ha subido 4,2 puntos del PIB desde 2019, impulsado sobre todo por pensiones, transferencias sociales y el impacto de la COVID-19.
A pesar de este esfuerzo, el Estado español sigue enfrentando retos estructurales: el déficit público se reducirá al 2,8% del PIB en 2025, pero la deuda pública ronda el 102,5% del PIB y el desempleo sigue muy por encima de la media europea.
Este salto estructural en el gasto condiciona cualquier intento de asumir nuevas prioridades presupuestarias, como el aumento del gasto militar, sin poner en riesgo la calidad de los servicios públicos, ya mermados.
