El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma de la Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación en el Estado español, que permite disolver asociaciones que hagan apología del franquismo o humillen a sus víctimas, tras rechazar las enmiendas introducidas por el PP en el Senado.
La ley, impulsada por el PSOE y sus socios de investidura, adapta la normativa al mandato de la Ley de Memoria Democrática y establece la apología del franquismo como causa de disolución de asociaciones, “siempre que exista menosprecio a las víctimas o incitación al odio”.
Sin embargo, este tipo de leyes nunca an puntada sin hilo: durante la tramitación parlamentaria se incorporó una enmienda transaccional que abre la puerta a la disolución de asociaciones por la vía penal en supuestos de “delitos relativos a derechos fundamentales”, especialmente cuando exista “incitación al odio o la violencia”, en general.
Según el texto, el Ministerio Fiscal podrá ejercer la acción penal de disolución por “delito de asociación ilícita”. En el Estado francés, enfoques similares han conducido a que se ilegalicen organizaciones antifascistas y fascistas al mismo tiempo.
Doble filo
Algunos juristas, organizaciones políticas y movimientos sociales críticos advierten que la nueva redacción amplía los supuestos bajo los que la justicia podrá intervenir y disolver asociaciones, más allá de la apología del franquismo, al dejar en manos de la autoridad judicial la interpretación de conductas acusadas de bajo criterios o conceptos vagos como “incitación al odio o violencia” en otros contextos totalmente diferentes o incluso opuestos.
