El presidente argentino, Javier Milei, ha aprobado por decreto una reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) que permite a la fuerza realizar detenciones y requisas sin orden judicial, así como ampliar sus tareas de vigilancia y prevención en espacios públicos digitales.
La medida, anunciada junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redefine la misión de la PFA, que pasa a enfocarse en “la investigación de delitos federales y complejos y en la desarticulación de organizaciones criminales”.
El decreto autoriza a la policía a detener personas hasta por diez horas sin intervención judicial si existen “circunstancias debidamente fundadas” que hagan presumir que alguien “ha cometido o puede cometer un delito y no pueda acreditar su identidad”, y a realizar requisas personales y de vehículos ante “sospechas razonables o riesgo de destrucción de pruebas”.
La reforma también habilita a la PFA a realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”, sin requerir autorización judicial previa.
Según el Gobierno, el objetivo es “alinear a la policía federal con los estándares del FBI estadounidense y de las principales fuerzas de investigación criminal del mundo”, y “responder a la demanda social por mayor seguridad.
Diversos organismos de derechos humanos y organizaciones especializadas han cuestionado la constitucionalidad de la reforma y advertido sobre los riesgos de delegar facultades discrecionales a la policía bajo sistemas de control débiles.
Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han alertado sobre la posibilidad de abusos, vigilancia masiva y criminalización de la protesta social, mientras el Gobierno sostiene que la medida “tiene amparo legal y que cualquier objeción debe dirimirse en la justicia”.
