El histórico apagón eléctrico del pasado 28 de abril en la península ibérica tendría su origen en la megaplanta fotovoltaica Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola, según afirman fuentes de la investigación y el informe confidencial de la comisión de expertos del Gobierno español y del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE).
El documento oficial identifica “un comportamiento oscilatorio anómalo” en la producción de la planta, que generaba unos 250 MW en el momento del incidente, y destaca que la supuesta oscilación de potencia fue “más propia de las tecnologías síncronas que de una instalación solar”, lo que habría desencadenado “una reacción en cadena de sobretensiones y caídas de tensión en la red eléctrica”.
REE y el Gobierno español concluyen con la habitual “explicación” confusa: que el apagón fue “un evento multifactorial”, resultado de “una combinación de fallos”. Entre ellos citan la “insuficiente capacidad de regulación de tensión”, “errores en la programación de REE” (que la empresa niega), “mal funcionamiento de sistemas de control de tensión” y “desconexiones indebidas de varias plantas de generación”.
El informe señala que la “oscilación anómala de la Núñez de Balboa” sería “el primer eslabón de la cadena”, pero también destaca “la falta de respuesta adecuada de centrales de gas y nucleares que debían regular la tensión y no lo hicieron”, así como la “desconexión en cascada de otras instalaciones renovables”.
Declaraciones contradictorias y reproches cruzados
Iberdrola, por su parte, rechaza cualquier responsabilidad y asegura que su actuación fue “intachable”, señalando a REE como responsable última de mantener la estabilidad del sistema.
El informe oficial reclama “una investigación exhaustiva del incidente en la planta de Badajoz” y urge a “actualizar los procedimientos de operación para que todas las instalaciones con capacidad de controlar tensión lo hagan en tiempo real y se establezcan penalizaciones ante incumplimientos”.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aún no ha aprobado la actualización normativa que permitiría “una mejor gestión de la tensión en la red”, a pesar de que el sector la reclama desde 2021.
Una explicación insatisfactoria
Desde un punto de vista técnico, la explicación oficial identifica un origen inmediato del apagón y reconoce una supuesta naturaleza “multifactorial” del incidente, pero no aclara con suficiente detalle la secuencia exacta de fallos ni la responsabilidad última de cada actor, lo que dificulta la atribución de responsabilidades y genera desconfianza por parte de la población.
Políticamente, la atribución inicial a una sola planta puede ser vista como insuficiente y evasiva, ya que el propio informe señala deficiencias estructurales en la regulación y en la respuesta del sistema eléctrico.
Además, la falta de una normativa actualizada y la ausencia de penalizaciones efectivas refuerzan la percepción de que la explicación oficial, aunque aporta avances parciales en transparencia, no es satisfactoria ni resuelve las dudas sobre las garantías con las que debería contar uno de los sistemas eléctricos más avanzados del planeta.
