El consorcio TransJerusalem J-Net —liderado por CAF (50 %) y la israelí Shapir— ejecuta desde mayo de 2025 la expansión del Tren Ligero de Jerusalén (JLR) en la Palestina ocupada. El contrato, de 1.800 millones de euros, incluye la construcción de 27 km de nuevas vías: 6,8 km para extender la Línea Roja y 20,6 km para la nueva Línea Verde.
Esta red servirá a 53 estaciones y operará 114 tranvías nuevos (más 46 renovados), consolidando una infraestructura que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal en su Opinión Consultiva de julio de 2024.
El proyecto conecta explícitamente 12 nuevos asentamientos israelíes en Jerusalén Este ocupada —donde residen 229.000 colonos— con la parte occidental de la ciudad. La Línea Verde unirá el asentamiento de “Gilo” (25.000 colonos) con la Universidad Hebrea en Monte Scopus, mientras que la ampliación de la Línea Roja alcanzará “Neve Yaakov” (23.900 colonos). La futura Línea Azul enlazará “Ramot” (48.000 colonos) con “Gilo”, fragmentando siete barrios palestinos y aislando a sus 300.000 habitantes del resto de Cisjordania.
La CIJ y seis resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (1968-2016) subrayan que estas obras violan el derecho internacional al facilitar la anexión de facto. CAF no solo construye la infraestructura, sino que, mediante un offset agreement de 663 millones de shekels (166 millones de euros) con 35 empresas israelíes —incluidas firmas de cibervigilancia—, refuerza la economía de la colonización.
El JLR consolida un sistema de apartheid documentado por la CIJ en 2023: mientras los colonos acceden a transporte rápido a Jerusalén Oeste, los palestinos afrontan 46 checkpoints que obstaculizan su movilidad.
Expertos de la ONU calificaron el proyecto en septiembre de 2024 como complicidad en crímenes de lesa humanidad, instando a congelar activos de empresas implicadas. Cada kilómetro de vía construido por CAF refuerza una ocupación que, según la ONU, ya ha desplazado forzosamente a 207.000 palestinos desde 1967 solo en Jerusalén Este.
