El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, ha resuelto que la legislación española sobre el despido improcedente viola la Carta Social Europea. El dictamen, hecho público este viernes tras una denuncia de Comisiones Obreras (CCOO), concluye que los límites máximos de indemnización fijados por la ley —33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades— “no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario”. Además, señala que la posibilidad de obtener una indemnización adicional es muy limitada en el sistema español, según informa elDiario.es.
El Comité también destaca que la normativa actual no permite a los tribunales ordenar la readmisión del trabajador despedido en casos de despido improcedente, salvo para representantes legales o delegados sindicales, lo que considera contrario a la Carta Social Europea. Según el CEDS, “los tribunales nacionales deberían poder evaluar la idoneidad del restablecimiento en consulta con las partes en el procedimiento”, y la ausencia de esta opción supone una violación del artículo 24.b del tratado. El órgano europeo ya había emitido un fallo similar en 2024 tras una reclamación introducida hasta por el sindicato pro-gubernamental UGT, pero en esta ocasión amplía su crítica al sistema español, incluyendo la protección de los trabajadores temporales contratados en fraude de ley.
El Gobierno español, que ratificó la Carta Social Europea en 2021, defiende que la legislación vigente “cumple con los estándares internacionales”, pero el Comité considera que el sistema actual incentiva los despidos y no protege adecuadamente a los empleados. El dictamen del CEDS supone cierta presión adicional para una posible reforma del marco legal del despido en el Estado español, en línea con las exigencias de sindicatos y organismos internacionales, aunque no es vinculante.
