Según una investigación realizada en mayo de 2024 por la Universidad de Murcia en colaboración con la Universidad de Lisboa, el 89% de los ciudadanos del Estado español y el 93% de los de Portugal consideran la corrupción como un problema grave (en la Unión Europea, la media es del 70%). Por otro lado, el 82% y el 85%, respectivamente, identifican relaciones de interés entre la política y los negocios. En este sentido, el 70% de los portugueses (20 puntos más que en la UE) y el 49% de los españoles creen que el éxito empresarial depende de los vínculos políticos.
El documento añade que los políticos profesionales son los principales responsables de este fenómeno. Según la percepción de los encuestados, 60 de cada 100 políticos en el Estado español y 70 de cada 100 en Portugal están implicados en prácticas corruptas (la cifra más alta entre todos los grupos sociales). Es llamativo que, a pesar de esta conciencia general, solo el 11% en el Estado español y el 10% en Portugal reconocen haber pagado alguna vez un soborno, lo que sugiere que la ciudadanía identifica formas de corrupción sistémica más complejas.
Normalización de la corrupción
Además de lo anterior, las encuestas también ponen de manifiesto contradicciones que reflejan claramente la forma en que la sociedad entiende la política profesional: los votantes de ambos países admiten que apoyarían a un candidato corrupto si fuera de su propio partido (el 76% en el Estado español y el 68,2% en Portugal). Además, aparecen otras justificaciones, como “Roba, pero hace cosas” (4,47 en España, 6,70 en Portugal) o directamente “Me cae bien” (5,76 y 6,60), lo que muestra la normalización del delito cuando sirve a intereses propios. Esta indulgencia, además, refuerza las contradicciones mencionadas al observar las respuestas a preguntas más abstractas: tras las respuestas anteriores, el 72% en el Estado español y el 73% en Portugal consideran la corrupción “inaceptable”.
Desconfianza institucional
La desconfianza hacia las instituciones agrava el problema. El 55% de los portugueses y el 35% de los ciudadanos del Estado español no denuncian la corrupción porque creen que “las acusaciones nunca llegan a ninguna parte”; y el temor a algún tipo de represalia alcanza al 31% de la sociedad. En València, por ejemplo, aunque existe una agencia contra la corrupción (AVAF), el 68% no la conoce, y solo el 30% de quienes sí la conocen la valoran positivamente. Se pueden encontrar cifras similares en otros lugares, lo que deja claro que el problema de la corrupción es sistémico y que la sociedad no confía en que se resuelva desde las instituciones.
