El asesinato de Nambala Keshava Rao y 27 insurgentes maoístas el 21 de mayo, celebrada como “triunfo” por el gobierno indio de Narendra Modi, es el rostro más visible de una ofensiva militar cuyos costos humanos y tácticos cuestionan su efectividad real. Bajo la Operación Kagar (2024), las fuerzas policiales y militares han incrementado enfrentamientos en un 84,7% interanual, con 255 muertes registradas por la agencia ACLED solo entre enero y mayo de 2025, acercándose a las 301 de todo 2024.
De acuerdo con Pearl Pandya, responsable de investigación para Asia del Sur en ACLED, el gobierno indio responsabilizaba a Basavaraju de operaciones como la emboscada de Dantewada en 2010, en la que murieron 76 paramilitares. Pandya afirma que la ofensiva estatal se ha intensificado tras la victoria del Bharatiya Janata Party (BJP) en Chhattisgarh en diciembre de 2023, con “mayor coordinación entre fuerzas centrales y estatales” y operaciones de varios días para cercar a los combatientes comunistas.
Este despliegue de fuerzas, alineado con la meta explicitada por el gobierno del BJP de “erradicar la insurgencia para 2026”, ha desencadenado una campaña de acoso y derribo, en la cual organizaciones humanitarias acusan al gobierno y las fuerzas militares de ocultar ejecuciones extrajudiciales y uso indiscriminado de la fuerza.
La retórica de “dominación militar” encubre violaciones sistemáticas. Informes de Amnistía Internacional documentan al menos 47 ejecuciones extrajudiciales en Chhattisgarh desde 2024, atribuidas a fuerzas estatales bajo el eufemismo de “bajas en enfrentamientos”. La ofensiva se ha intensificado tras la victoria electoral del BJP en el estado (2023), facilitando operaciones conjuntas donde operativos de “tiros a la cabeza” han reemplazado protocolos de arresto, pese a que el 68% de los insurgentes abatidos en 2025 eran reclutas recientes sin historial violento, según el Centro de Estudios para la Sociedad.
Según ACLED, en 2025 se han registrado al menos 255 muertes en el Corredor Rojo, supuestamente en enfrentamientos armados, frente a las 301 de todo 2024, siendo la mayoría militantes maoístas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que entre las víctimas figuran también civiles desarmados y que se han producido ejecuciones extrajudiciales, afectando especialmente a la población adivasi.
1 de cada 4 muertos son civiles desarmados
Frente a esta ofensiva, los la insurgencia comunista ha incrementado el uso de explosivos y ataques remotos para evitar el enfrentamiento directo, según los datos aportados por la ACLED. Además, Pandya señala que las bajas civiles causados por los guerrilleros aumentaron un 27% en 2024 respecto a 2023, debido a campañas armadas contra los delatores. Pandya advierte que la situación podría empeorar si la presión militar contra el movimiento continúa.
Los impactos en la población civil en las regiones donde se está dando la persecución con más intensidad, son notablemente altos. La actividad militar ha provocado que en las comunidades adivasi 1 de cada 4 victimas mortales sean civiles desarmados, dejando en evidencia la virulencia con la que actua el estado dejando, ademas, por cada insurgente asesinado, dos civiles adivasis desplazados, heridos o muertos.
Alberga el 85% de las reservas minerales de India
Mientras el Gobierno ignora las ofertas de diálogo de los maoístas (marzo 2025), la manera en la que se plantea la estrategia del gobierno deja entrever los intereses económicos detrás de la persecución. El Corredor Rojo, uno de los territorios donde mayor presencia tiene la insurgencia, alberga el 85% de las reservas minerales de India y desde 2020 ha sido foco de múltiples proyectos para empresas privadas desplazando a 320.000 adivasis. La Operación Kagar, al facilitar acceso empresarial a estas zonas, ha convertido operaciones de contrainsurgencia en herramienta de apropiación de tierras para su posterior venta y explotación. Ejemplo de ello es que el 60% de las nuevas bases militares se superponen a territorios tribales en litigio.
Según recuerda ACLED, el CPI (Maoísta) ha propuesto negociaciones de paz condicionadas, sin respuesta formal del gobierno central. La disputa por el control de los recursos en el Corredor Rojo, una de las zonas más ricas en minerales de la India, sigue siendo un factor clave en la persistencia del conflicto, que, según ACLED y Pandya, podría facilitar tanto la continuidad de la insurgencia como su posible transición hacia un movimiento político sin brazo armado.
Aunque el CPI (Maoísta) ha perdido fuerza militar y territorio, las causas subyacientes de su actividad político-militar siguen vigentes: los derechos sobre la tierra, las condiciones laborales y de existencia extremas, así como la marginación y el racismo contra las minorías étnicas.
