La presencia policial en el festival de Glastonbury (Somerset, Reino Unido), donde acuden más de 100.000 personas al año, ha ido más allá de la prevención habitual y se ha traducido en una vigilancia activa de las expresiones políticas y artísticas. Tras los cánticos de “Death, death, death to the IDF” (“Muerte, muerte, muerte a las FDI”) liderados por Bobby Vylan, del dúo Bob Vylan, y la llamada a “provocar disturbios” por parte del grupo Kneecap, la Policía de Avon y Somerset anunció públicamente que “evaluará las pruebas en video para determinar si se ha cometido algún delito que requiera una investigación criminal”. Esta declaración se suma a la política de patrullas constantes, presencia de agentes uniformados y de paisano, uso de helicópteros, controles de seguridad y sistemas de denuncia digital implementados en el festival.
El escrutinio policial no se limita a la actuación en el momento: las autoridades han comunicado que revisarán grabaciones y redes sociales para identificar “posibles infracciones penales” relacionadas con discursos políticos o llamados a la protesta. A la vez, las autoridades de Londres han presionado a la BBC y a los organizadores del festival para que “expliquen la difusión de estos mensajes”, mientras la Embajada de Israel en Londres ha exigido respuestas por la “retórica incendiaria y de odio”. El Ministerio de Cultura, a través de Lisa Nandy, ha pedido explicaciones a la BBC sobre los controles previos a la emisión y ha celebrado que la actuación “no se vuelva a emitir”.
El despliegue policial y la respuesta institucional evidencian un clima de vigilancia y represión de la disidencia política en espacios culturales masivos en el contexto del genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Palestina. Las fuerzas policiales han detallado públicamente sus planes de patrullaje, controles visibles y encubiertos, y la utilización de tecnología para monitorizar a los asistentes. El festival, que tradicionalmente ha sido un espacio de expresión artística y política, se enfrenta así a una estrategia de control en la que la manifestación de opiniones críticas puede derivar en investigaciones penales y presión mediática.
