Según el último informe de la OMS/UNICEF de 2024, 2.000 millones de personas carecen de agua potable en sus hogares, lo que representa prácticamente el 25% de la población mundial. De ellos, solo 156 millones (1,4%) dependen de fuentes superficiales (ríos o lagos), mientras que 1.460 millones (18%) acceden a puntos “básicos” (menos de 30 minutos de trayecto) y 292 millones (3,7%) a fuentes “limitadas” (más de 30 minutos). El 14% restante (296 millones) utiliza pozos o manantiales no protegidos, vulnerables a contaminación.
El consumo de agua contaminada causa más de 800.000 muertes anuales por enfermedades diarreicas, cólera o hepatitis, según datos del estudio. Esta cifra equivale al 5% de todas las muertes en los países más afectados. La falta de acceso seguro multiplica los riesgos: el agua no tratada en fuentes “mejoradas” (pozos protegidos o grifos públicos) puede contaminarse durante el acarreo o almacenamiento, anulando su seguridad inicial.
La recolección de agua consume entre 7 y 70 horas semanales por familia, siendo las mujeres y niños quienes asumen el 80% de esta carga, según reporta la ONU. En los casos más extremos, como comunidades rurales de Haití o Burkina Faso, esto equivale a dos empleos de tiempo completo. Globalmente, se estima que 200 millones de horas diarias se destinan a esta tarea, limitando el desempeño educativo y laboral, especialmente en regiones con menor cobertura de redes domiciliarias.
Aunque el 95% de la población mundial usa fuentes “mejoradas”, solo el 73% (5.820 millones) tiene agua verdaderamente segura (contaminación controlada, disponible inmediata y permanentemente). La disparidad geográfica es crítica: en zonas rurales de África subsahariana y Asia meridional, menos del 30% cuenta con servicio gestionado de forma segura, frente al 90% en zonas urbanas de países enriquecidos. Para cerrar esta brecha, se calcula que se requerirían cuadruplicar las inversiones actuales en infraestructura hídrica.
La falta de agua segura no solo perpetúa pérdidas humanas evitables (equivalente a 8 muertes por minuto), sino que consume 12.000 millones de horas anuales en acarreo, tiempo que podría destinarse a otras tareas. Los datos exponen una emergencia silenciosa: garantizar este derecho básico salvaría más vidas que la mayoría de intervenciones sanitarias directas globales.
