El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha esta semana un nuevo dispositivo temporal para alojar a las personas sin hogar que pernoctan en el Aeropuerto de Barajas, un fenómeno que evidencia la creciente descomposición social marcada por la vulnerabilidad y el aumento de jóvenes en situación de exclusión.
El último recuento oficial del Instituto Nacional de Estadística revela que, en 2022, 28.552 personas sin hogar fueron atendidas en centros de alojamiento y comedores. Sin embargo, organizaciones sociales como Cáritas y Accem advierten de que el número real podría superar las 30.000 personas, llegando hasta 37.000 según algunas estimaciones, ya que muchas personas sin hogar no acceden nunca a recursos municipales y, por tanto, no figuran en los registros.
De acuerdo con Accem, el perfil de la persona sin hogar es cada vez más joven: el 58% de las personas atendidas en 2024 tenía entre 18 y 34 años, mientras que los hombres siguen representando la mayoría, un 78%. El INE también identifica un repunte entre los jóvenes de 18 a 29 años, ahora el 21% del total.
Respecto a la nacionalidad, los datos muestran que las personas de origen extranjero y las personas con ciudadanía española hacen uso de los servicios de alojamiento prácticamente en la misma proporción. Las ONG apuntan a la presencia significativa de personas provenientes de Marruecos, Venezuela, Colombia, Argelia, Senegal, Mali, Perú y Ucrania, entre otros países. Sin embargo, al representar estos una minoría dentro de la población en general, queda en evidencia que los extranjeros están sobrerrepresentados en entre las personas sin hogar.
Una de cada cinco personas sin hogar fuera de la red asistencial
Solo en Madrid, la crisis vivida en primavera, cuando centenares de personas llegaron a dormir cada noche en las instalaciones del aeropuerto de Barajas, ha puesto el foco sobre una problemática que suele permanecer invisible, en parte por la falta de datos precisos y la dificultad de acceso al sistema público de atención, pero también por el interés político en invisibilizar este problema que empieza a cronificarse en un estado en el que el acceso a la vivienda está cada vez más restringido. Se estima que una de cada cinco personas sin hogar sigue fuera de la red asistencial debido a la carencia de plazas o a la falta de recursos adaptados a sus necesidades.
Además, la exclusión residencial afecta ya, según la Fundación Alquiler Seguro, a más de 8,5 millones de personas en el Estado español, englobando desde quienes viven en la calle hasta quienes habitan infraviviendas o viviendas inseguras.
Organizaciones como Cáritas alertan del aumento de la vulnerabilidad, especialmente entre los jóvenes, por la dificultad para acceder a una vivienda de calidad y la persistencia de obstáculos burocráticos que impiden la integración plena de quienes carecen de un domicilio fijo.
