La Audiencia Provincial de Granada (Andalucía) ha rechazado suspender la orden de entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, que deberá trasladarlo a Italia en cumplimiento de una resolución dictada por la Corte de Apelación de Cagliari. La entrega, prevista para este martes 22 de julio, había sido recurrida por la defensa de Rivas, que alegó riesgo para el menor. Sin embargo, el tribunal andaluz considera que las resoluciones de jurisdicción internacional “se ejecutan de forma inmediata”, sin posibilidad de suspensión cautelar.
El padre, de nacionalidad italiana, tiene abierto un proceso penal en su país por maltrato físico y psicológico continuado contra el menor, un juicio que comenzará el próximo 18 de septiembre. Pese a ello, la resolución judicial mantiene la custodia en manos de Arcuri y revalida su autoridad parental, al menos hasta que exista pronunciamiento judicial firme. Según el auto, el sistema europeo de protección de menores se basa en la “confianza mutua entre autoridades judiciales” de los Estados miembros, y no considera que el derecho del menor se vea comprometido por esta ejecución.
La decisión ha generado una fuerte reacción social. De hecho, este mismo lunes se han depositado más de 48.000 firmas al Ministerio de Justicia, encabezadas por organizaciones feministas, activistas y víctimas de la violencia machista, reclamando al Gobierno español la aplicación del artículo 39 del Reglamento Bruselas II ter, que contempla la posibilidad de bloquear entregas internacionales si estas suponen un riesgo grave para el menor. Denuncian que los derechos del menor están siendo ignorados por las instituciones españolas, a pesar de la existencia de una causa penal abierta en Italia.
Cartas al Gobierno y el poder judicial
Daniel, de 11 años, ha expresado su voluntad de no regresar con su padre mediante una una carta enviada a la ministra de Juventud e Infrancia, Sira Rego. Las organizaciones de mujeres mencionadas también han remitido escritos a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial pidiendo detener el procedimiento hasta que se resuelvan las causas judiciales abiertas y se escuche al menor.
En paralelo, este domingo se ha hecho pública otra carta dirigida a autoridades españolas: Gabriel, hermano mayor de Daniel, se ha dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pidiendo que interceda para evitar una entrega que pondría en riesgo la vida del menor. “Estoy desesperado y sé que usted nos va a ayudar”, escribe Gabriel en la misiva. Recuerda que él mismo huyó de su padre en 2022 y que Daniel, que volvió a ser escuchado por una jueza en enero, ya relató amenazas de muerte y episodios de violencia. “¿Cómo, siendo esto así, la Justicia obliga a mi madre a entregarle a mi hermano, que es su víctima principal?”, pregunta. Por ahora, la ejecución de la orden continúa adelante sin interrupción judicial.
