El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inicia esta semana una gira por América Latina bajo el lema “Democracia Siempre”, junto a líderes progresistas de la región, con el objetivo declarado de “promover la defensa de las instituciones democráticas frente al auge de discursos autoritarios”.
La gira, que comienza en Santiago de Chile y continuará por Uruguay y Paraguay, busca “consolidar una plataforma común contra la ultraderecha” y “reforzar el compromiso con la democracia”, según el Ejecutivo español. Sin embargo, el mensaje contrasta con la situación interna de las libertades políticas en el Estado español, donde el propio Gobierno de Sánchez está recibiendo críticas tras el encarcelamiento de siete sindicalistas en apenas una semana: Las Seis de La Suiza y un huelguista de Cádiz arrestado bajo la denominada “Operación Fuego”.
Las seis de La Suiza
El 10 de julio, seis militantes del sindicato CNT —cinco mujeres y un hombre— ingresaron en prisión tras ser condenadas por “coacciones” durante una protesta sindical de 2016 frente a la pastelería La Suiza, en Xixón (Asturies). Las represaliadas protestaban contra el despido y el trato abusivo hacia una trabajadora embarazada. Aunque se ha solicitado el indulto y ya se han realizado amplias movilizaciones de apoyo, la Audiencia Provincial ordenó su ingreso inmediato, a lo que se le suma una multa de más de 150.000 euros. Tras pasar varios días en prisión, las sindicalistas han accedido al tercer grado penitenciario, pero continúan cumpliendo pena y mantienen antecedentes penales.
Operación Fuego en Cádiz
Paralelamente, bajo la llamada “Operación Fuego” contra la huelga del metal en Cádiz (Andalucía), la policía ha detenido a 24 trabajadores por su participación en las protestas del 18 de junio. A uno de ellos se le ha dictado prisión provisional sin fianza, convirtiéndose en el séptimo sindicalista encarcelado en la misma semana. Los cargos van desde “desórdenes públicos” hasta “atentado contra la autoridad”. Organizaciones sindicales y movimientos sociales denuncian una ofensiva represiva contra el movimiento obrero, mientras la Delegación del Gobierno de Sánchez defiende las actuaciones policiales.
