Entre 2008 y 2019, al menos 14 compañías del Ibex-35, incluidas firmas emblemáticas de los sectores energético, bancario, de infraestructuras y telecomunicaciones, realizaron pagos por un total de 13,8 millones de euros al despacho de abogados Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Estas contrataciones coinciden con un periodo en el que diversas reformas fiscales, como las relativas al Impuesto Eléctrico (2014) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (2018), beneficiaron a algunas de las empresas clientes, según el sumario judicial del Juzgado número 2 de Tarragona que investiga posibles pagos ilícitos y tramas de influencia. Sin embargo, para la mayoría de estas compañías no se ha aclarado oficialmente el motivo de los desembolsos.
Empresas como Abengoa (4,4 millones), Red Eléctrica (1,39 millones), Gamesa (803.200 euros), Ferrovial (293.424 euros), Cintra (290.400 euros), y firmas bancarias como BBVA (1,8 millones), Santander (1,2 millones), Banco Popular y CaixaBank están entre las que contrataron a la consultora. Telefónica también realizó pagos por casi 2,7 millones. En los casos analizados por la policía española y la UCO, se detectan vínculos directos entre antiguos altos cargos del Ministerio de Hacienda que formaron parte de Equipo Económico y la interlocución directa con Ministerios para influir en la regulación.
A pesar de estas cifras, los investigadores policiales siguen destacando el papel del despacho en sí como “vehículo necesario para alcanzar reformas acorde a los intereses de sus clientes”, señalando que algunas reformas legislativas se habrían impulsado con el apoyo de estos intermediarios vinculados al exministro y demás y exresponsables de Hacienda.
Por ejemplo, la bonificación fiscal en renovables que benefició a Abengoa en 2014 coincide con la intervención de Montoro como ministro y pagos a la consultora. La Xunta de Galicia abonó también 172.838 euros en informes financieros a la consultora durante la presidencia de Feijóo. En estos momentos, el despacho niega cualquier pago ilícito y cuestiona la validez de las acusaciones.
