El centro de detención para migrantes de Gjader, en Albania, gestionado por Medihospes y financiado por la Prefectura de Roma, estuvo operativo únicamente cinco días durante 2024, con un coste diario de 114.000 euros, según un informe presentado por la ONG ActionAid junto con la Universidad de Bari.
El documento denuncia que la denominada “Operación Albania” ha sido “el instrumento más costoso, inhumano e inútil” en la historia de las políticas migratorias italianas, destacando que el gasto total de 570.000 euros correspondió a la detención de 20 migrantes, todos liberados en pocas horas. Además, se invirtieron 74,2 millones de euros en la construcción de los centros de Gjader y Shengjin, a razón de 153.000 euros por plaza disponible, comparado con 21.000 euros por plaza en centros similares en Italia.
La controvertida iniciativa tuvo lugar después de un acuerdo entre Italia y Albania para gestionar en territorio albanés a personas migrantes interceptadas en el Mediterráneo, especialmente aquellos sin derecho a asilo, con la intención de acelerar su repatriación. Sin embargo, los tribunales italianos han impedido que estos centros funcionen plenamente al no convalidar las detenciones realizadas allí, y la cuestión está ahora en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que próximamente emitirá un pronunciamiento sobre la legalidad de estas operaciones.
La oposición política, representada por Elly Schlein del Partido Democrático y Giuseppe Conte del Movimiento 5 Estrellas, ha criticado el gasto y la gestión de los centros, calificándolos de “un insulto a los contribuyentes italianos” y criticando la “incongruencia de priorizar estos centros cuando se recortan fondos en salud y servicios sociales”.
Por su parte, el Ministerio del Interior italiano defendió la creación y gestión de los centros en Albania como “una inversión fundamental” que permitirá “reducir los costos de acogida” y “acelerar los procesos de repatriación”, describiéndolos como un modelo “apreciado” por varios países de la Unión Europea.
Destacan así que la medida respondería a “la necesidad de controlar la inmigración” y abandonar una política de “puertas abiertas sin reglas”. Incluso dentro de estos parámetros carentes de ética, la falta de funcionamiento efectivo y el elevado coste han puesto bajo lupa la viabilidad y del programa.
