El centro de Busmantsi hacinó a refugiados en celdas sin agua mientras Alemania quintuplica las deportaciones a Bulgaria; el nuevo Pacto Migratorio consolida este modelo.
La Eurocámara entierra el derecho al asilo con los votos del PPE y la ultraderecha, permitiendo expulsar solicitantes de protección internacional a Estados con los que la UE tenga acuerdo.
El Gobierno italiano presenta una norma que permitía cerrar el mar a las organizaciones humanitarias, ampliar la detención de menores y dificultar la reagrupación familiar.
El Parlamento griego aprueba una ley que impone penas de prisión y multas superiores a 50.000 euros, mientras limita la financiación pública a estas organizaciones al 30%.
El Consejo de la UE sigue el modelo de ICE, aprobando registros en viviendas privadas, detenciones de hasta 30 meses y deportaciones extraterritoriales.
Cada regularizado aporta un beneficio fiscal de hasta 4.000 euros en un sistema que requiere 250.000 cotizantes anuales, y la burocracia requerida supone que cada funcionario gestione 1.250 expedientes en 65 días.
El nuevo plan europeo prioriza "decidir quién viene" y reducir llegadas, con acuerdos que intercambian cooperación represiva por inversiones, denunciado por Amnistía Internacional.
