Bruselas planea convertir Frontex en una agencia de deportación y vigilancia masiva

La Comisión Europea presentó el pasado martes una reforma del reglamento de Frontex que transforma la agencia fronteriza de la UE en un centro de mando tecnológico de deportación, según el análisis de AlgoRace y la cobertura de El Salto. La propuesta, que sustituirá al reglamento en vigor desde 2019, casi duplica el presupuesto de la agencia hasta cerca de 12.000 millones de euros para el periodo 2028-2034, amplía su cuerpo permanente a 30.000 agentes (con una fuerza de reacción rápida de 17.000 efectivos movilizables en cualquier momento) y crea un Centro de Coordinación de Deportaciones que intervendrá en todas las fases del procedimiento: identificar a personas “expulsables”, organizar vuelos, vigilancia e incluso monitorear su “reintegración” en el país de destino.

El texto, que la Comisión justifica citando la crisis de Ceuta como “aprendizaje”, permite además a Frontex deportar entre terceros países con un simple acuerdo de estatus, sin que las personas hayan llegado siquiera a territorio europeo, y compartir datos biométricos, documentos de viaje, motivos de deportación e historial de salud con países de origen donde pueden estar incluso en riesgo de persecución.

Vigilancia de “comportamientos o tendencias sospechosas” en redes sociales

La reforma incluye un Centro de Monitoreo y Respuesta en Línea que vigilará plataformas de redes sociales para identificar “comportamientos o tendencias sospechosas” en los movimientos de personas, tanto en las fronteras de la UE como en los países de origen y tránsito. Los datos agregados alimentarán el “análisis de riesgos” de Frontex para guiar el despliegue de fuerzas fronterizas.

La agencia europea también quiere ser designada como “alertador confiable” bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), lo que le permitirá reportar contenidos a las plataformas para que estas los eliminen, y recomendar a las autoridades estatales que emitan avisos vinculantes de retirada. “Frontex podrá privar a las personas de encontrar apoyo legal, compartir sus historias o expresar solidaridad, en lo que es sin duda una infracción grave de la libertad de expresión”, advierte el análisis de Protect Not Surveil. Además, las “entrevistas de debriefing” (interrogatorios encubiertos “voluntarios” que la agencia realiza a personas inmediatamente después de desembarcar o cruzar la frontera) quedan codificadas, sin posibilidad de asesoramiento legal y sin monitoreo de derechos fundamentales.

Alarma en las organizaciones de derechos humanos: “Sin precedentes”

Chloé Berthélémy, de EDRi, señala que “la Comisión ha dado un impulso masivo a las prácticas de vigilancia oscuras de Frontex duplicando su presupuesto y aflojando las reglas de protección de datos ya laxas”. Pauline Fritz, de la Red de Monitoreo de Violencia Fronteriza, denuncia que “la impunidad merece la pena: Frontex puede recibir nuevos poderes y un impulso masivo de financiamiento para expandir su aparato de vigilancia fronteriza con plena inmunidad para violaciones de derechos humanos”. Sarah Chander, de Equinox Initiative for Racial Justice, califica la reforma como “la más sustancial hasta la fecha” y advierte de que “duplicar el presupuesto de Frontex para fortalecer secuestros, prisiones y sistemas estilo ICE llega en un momento en que los sistemas sociales de Europa están fallando”. Chiara Catelli, de PICUM, recuerda que “las operaciones de deportación y centros de detención de inmigración en la UE ya están llenos de abuso, y tememos que expandir el papel de Frontex exacerbará estos abusos dentro de la UE y los extenderá más allá de sus fronteras”. Amnistía Internacional ha pedido que la propuesta “debe ser rechazada de plano”. La eurodiputada italiana Cecilia Strada (Partido Democrático) alerta contra “un ICE europeo” y denuncia “un nivel de discrecionalidad sin precedentes”.

Una trayectoria salpicada de escándalos

El exdirector de Frontex, Fabrice Leggeri, dimitió en 2022 tras una gestión marcada por expulsiones ilegales y múltiples violaciones de derechos humanos. Lejos de abandonar estas prácticas, la Comisión amplía los poderes de la agencia para investigar, probar y adquirir nuevas tecnologías (herramientas de inteligencia artificial, drones, sensores y análisis digitales estrechamente vinculados a Israel), actuando en algunos casos como organismo central de compras para los Estados miembros y suministrando a países no europeos herramientas más represivas.

La Comisión clasifica la migración como “amenaza híbrida”, “instrumentalización” y “utilización como arma”, un lenguaje bélico que confunde a las personas que buscan una vida mejor con “amenazas de seguridad”. Además, estas políticas que en un principio se aplican a los proletarios migrantes, se extienden en la vigilancia y la represión de la clase trabajadora autóctona y la disidencia política, como indican las últimas revelaciones den EEUU, donde ICE ha lanzado una operación masiva de vigilancia e infiltración contra espacios militantes de izquierda.