Portugal aprueba limitar el acceso a la sanidad pública a los extranjeros sin permiso de residencia
El proyecto, que exigirá un seguro de salud o el pago de los servicios prestados, supera la primera votación con el apoyo de la extrema derecha tras fracasar un intento similar en la anterior legislatura por el adelanto electoral.
La Asamblea de la República portuguesa ha aprobado un proyecto de ley destinado a modificar las condiciones de acceso de los ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia al Servicio Nacional de Salud (SNS). La iniciativa, registrada en el parlamento el pasado 25 de septiembre por los partidos de la coalición de gobierno derechista, el Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social - Partido Popular (CDS-PP), plantea que las personas sin residencia legal en territorio portugués o en situación de permanencia irregular, que ya de por sí suelen tener una situación económica vulnerable, deban “asumir el coste de la atención médica o presentar un seguro de salud que cubra esos gastos”.
El texto busca reforzar los mecanismos administrativos de identificación y cobro dentro del sistema público. Para garantizar los pagos, el proyecto contempla pedir garantías financieras o abonos por adelantado “cuando resulte necesario”. Aunque el Gobierno mantiene que la reforma “no supondrá la denegación de asistencia sanitaria en situaciones de urgencia por falta inicial de documentación o recursos”, confirma que se centrará en “determinar la responsabilidad del pago y en reclamar el importe una vez prestados los cuidados sanitarios”.
Por su parte, la formación de extrema derecha Chega logró que avanzara una propuesta propia para regular este acceso, aunque el pleno rechazó una segunda iniciativa suya aún más restrictiva que exigía el pago íntegro de la asistencia a determinadas personas no residentes. Tras superar este primer trámite, el proyecto pasa ahora a la Comisión de Salud de la Asamblea de la República, donde podrá recibir enmiendas antes de someterse a la votación final para su entrada en vigor. La reforma retoma un debate recurrente en la política portuguesa, ya que el PSD y el CDS-PP promovieron un texto similar en la legislatura previa, cuyo trámite quedó interrumpido por la disolución del Parlamento y la posterior convocatoria de elecciones generales.
