Condena al teniente general de la Guardia Civil del “caso cuarteles”

El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables por un delito de cohecho al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava y al empresario Ángel Ramón Tejera de León. Los hechos probados revelan que el alto mando del instituto armado favoreció al contratista con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre los años 2008 y 2019, según informan Naiz y Europa Press. Las adjudicaciones se repartieron en 13 comandancias de todo el Estado español y sumaron un precio total de 3,3 millones de euros. A cambio de estas obras, el teniente general recibió una cuantía aproximada de 40.000 euros en dádivas, que incluían pagos en efectivo, viajes y estancias en hoteles.

La mecánica de la trama se sustentaba en un esquem de crédito descentralizado: el teniente general creaba las partidas económicas y las derivaba a las comandancias en las que, previamente, había “recomendado” las labores de las empresas de Tejera de León. Las diferentes jefaturas del cuerpo asumían estas recomendaciones como órdenes directas, según los testimonios recogidos durante el proceso judicial. Este modus operandi permitió al empresario operar con total impunidad durante más de una década, aprovechando la cadena de mando jerárquica de la Guardia Civil para desviar fondos públicos hacia su propio beneficio y el de un alto mando que cobraba por ello.

El Ministerio Fiscal ha solicitado la pena “máxima” de prisión por este delito, un año de cárcel, al considerar que “la causa pública, la credibilidad y el funcionamiento de la administración ha quedado entredicha”. La Abogacía del Estado y las acusaciones particulares de las asociaciones UGC y ASESGC se han adherido a esta petición. Además, los miembros del jurado popular han manifestado expresamente su oposición a la suspensión de la pena y a cualquier indulto que pudiera concederse en la sentencia. La defensa, por su parte, ha solicitado una rebaja de la pena, ya de por sí baja, y ha anunciado que recurrirá el fallo alegando dilaciones indebidas, ya que el caso se inició en 2019.