Vox: “Prioridad nacional”, financiación extranjera
Pese a los casos de financiación vía Hungría y oposición sionista de Irán, así como su alianza con el Likud y la existencia de precedentes de injerencia en Europa, los tribunales siguen sin aplicar el Código Penal y la Ley de Financiación de Partidos.
El pasado 11 de agosto, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, confesó públicamente que Israel ha construido “un sistema de alianzas sin precedentes” con la extrema derecha europea. Chikli mencionó explícitamente a Vox y a Santiago Abascal como “la voz más sionista que existe en España” y presumió de que estos líderes se opusieron a las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant.
Los datos de la plataforma EU-Matrix confirman esta connivencia política: la coincidencia de voto entre Vox y el partido gobernante israelí Likud en el Parlamento Europeo alcanza el 98,74% en 71 iniciativas clave, escalando al 99% tras el recrudecimiento del genocidio en Gaza. En marzo de 2026, la alianza entre ambos partidos se formalizó con la creación de “Patriotas de Jerusalén”, la rama israelí de la internacional ultraderechista que preside Abascal, y el Likud fue admitido formalmente en Patriots.eu. Ante esta evidencia, los sectores contrarios a Vox se preguntan qué hace falta para que la justicia española investigue a la formación por trabajar para intereses extranjeros, un patrón que no es nuevo en su historia.
Financiación opaca de la oposición iraní desde el principio
El partido dirigido por Abascal arrastra desde su fundación un historial de financiación opaca con donaciones en metálico de procedencia no declarada y transferencias millonarias a su Fundación Disenso que nunca ha sido investigada penalmente. Uno de los casos más sonados, y que ha quedado relativamente en el olvido, sucedió en 2014: Vox reconoció que el 80% de su campaña a las elecciones europeas (unos 800.000 euros) fue pagado con donaciones de simpatizantes del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), el brazo político de los Muyahidines del Pueblo, una organización armada vinculada a Israel que estuvo incluso en las listas de “terrorismo” de la UE y EEUU. Según publicó El País, una lista mecanografiada de opositores iraníes guardada por Alejo Vidal-Quadras sirvió para pagar el alquiler de la primera sede de Vox, los sueldos de sus dirigentes y la campaña de 2014. El propio Vidal-Quadras fue objeto de un misterioso atentado en noviembre de 2023 en Madrid, que atribuyó a una supuesta “venganza del Gobierno iraní”.
El caso de financiación del banco húngaro
El marco legal para investigar todos estos hechos como presunto caso de injerencia extranjera existe: la Ley Orgánica 8/2007 prohíbe en su artículo 7 la financiación de partidos por parte de gobiernos extranjeros, y el Código Penal tipifica en el artículo 304 bis la financiación ilegal y en el 589 la connivencia con potencias foráneas. Sin embargo, en 2025, la Fiscalía Anticorrupción archivó una investigación sobre un préstamo de 6,5 millones de euros que Vox solicitó al banco húngaro MBH, controlado por el Estado de Orbán, escudándose en que el Tribunal de Cuentas ya había sancionado al partido con 862.000 euros y la vía penal no podía duplicar la administrativa. El tribunal lo tuvo en consideración y ninguna institución ha abierto una causa penal por la connivencia con el Likud ni por la financiación proveniente de la oposición de Irán o el banco húngaro. Por si esto fuera poco, Vox pidió que el Estado financiara los intereses de su deuda con Hungría.
Los aliados eslovenos de Vox, investigados por injerencia extranjera en las elecciones
En otros países europeos, las autoridades han activado mecanismos de investigación ante la evidente injerencia israelí en sus sistemas políticos y procesos electorales. En Eslovenia, el servicio de inteligencia SOVA confirmó que tres representantes de la empresa israelí Black Cube visitaron la sede del partido SDS de Janez Janša en diciembre de 2025, en vísperas de las elecciones legislativas, y el primer ministro Robert Golob solicitó formalmente a la Comisión Europea que investigara los hechos por “injerencia extranjera”.
Campaña de desinformación israelí contra La Francia Insumisa en las elecciones municipales
En Francia, el servicio de vigilancia digital Viginum atribuyó a la firma israelí BlackCore una campaña de desinformación contra candidatos de La France Insoumise (LFI) durante las elecciones municipales de este año, con falsas acusaciones de violación y pederastia, y el gobierno francés exigió “explicaciones” a Israel.
Black Cube apoyando campañas de Orbán en Hungría
En Hungría, investigaciones periodísticas documentaron que Black Cube operó en las campañas de Viktor Orbán utilizando identidades falsas en LinkedIn para desacreditar a periodistas críticos. En todos estos casos, las operaciones se atribuyen a empresas privadas de inteligencia que operan en la denominada zona gris, seleccionando como blancos a gobiernos y candidatos de izquierda y figuras propalestinas, al tiempo que dificultan la atribución de las operaciones a Tel Aviv, aunque las conexiones entre las empresas privadas de inteligencia y el Estado de Israel son conocidas.
Una cuestión por esclarecer
En el caso de Vox, sin embargo, no se trata de una empresa privada que aparentemente actúa por encargo, sino de un partido político con representación parlamentaria que sigue presentándose elección tras elección a pesar de haber formalizado una alianza estratégica con un partido que israelí al mando de un genocidio en curso y que actúa como correa de transmisión de sus intereses en el Estado español. Además, mientras en Eslovenia o Francia las autoridades abren procedimientos a contratistas israelíes, el sujeto de la posible investigación en el Estado español podría ser el partido que se ha convertido en el “mayor portavoz” del sionismo, según confiesa el propio ministro israelí. Entonces, los indicios existen y la ley para sancionar la injerencia israelí también, pero su aplicación es selectiva. Mientras Vox reclama la “prioridad nacional” para excluir a los migrantes de las ayudas públicas, su lealtad política y financiera se encuentra bajo sospecha de servir a intereses extranjeros, pero de momento no hay procedimientos abiertos porque el aparato judicial español no lo considera oportuno. La pregunta ya no es si hay pruebas de connivencia entre el Estado de Israel y Vox, sino quién está dispuesto a investigarlas.
