El Parlamento belga aprueba registros domiciliarios en casas de migrantes con orden de expulsión
La ley permite que la policía entre en hogares migrantes con autorización judicial entre las 5:00 y las 21:00, incluso con menores en la vivienda; 80 votos a favor y 35 en contra, con críticas que la comparan con las redadas de ICE en EEUU.
El Parlamento federal belga aprobó en la madrugada del viernes 6 de noviembre la llamada ley de “visitas domiciliarias”, que amplía los poderes de la policía para entrar en viviendas privadas con autorización de un juez de instrucción para localizar y detener a personas extranjeras con orden de abandonar el territorio que permanezcan en el país o sean consideradas un “peligro para el orden público o la seguridad nacional”. El texto salió adelante con 80 votos a favor, 35 en contra y 12 abstenciones, tras más de diez horas de debate, según Brussels Times.
La norma, impulsada por la ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), y la de Justicia, Annelies Verlinden (CD&V), permite los registros entre las cinco de la mañana y las 21:00, incluso aunque en la vivienda se encuentren menores, según El País. La votación se produjo mientras el Gobierno del nacionalista flamenco Bart De Wever estaba pendiente de saber si el rey Felipe aceptaba la dimisión que presentó el lunes tras el colapso de las negociaciones presupuestarias, y se encontraba por tanto en funciones.
“Hemos visto al otro lado del Atlántico cuán rápidamente puede deslizarse una democracia hacia prácticas del tipo ICE”
La aprobación ha desatado el rechazo de organizaciones de derechos humanos y de parte de la oposición. Amnistía Internacional, PICUM y Vluchtelingenwerk Vlaanderen advierten de que la ley amenaza la inviolabilidad del domicilio y la vida privada y familiar, y de que la noción de “amenaza para el orden público” es demasiado vaga. El diputado ecologista flamenco Matti Vandemaele afirmó: “Hemos visto al otro lado del Atlántico cuán rápidamente puede deslizarse una democracia hacia prácticas del tipo ICE”. Sobre la posibilidad de que la norma se amplíe, advirtió: “Es como un grifo que al principio solo deja pasar unas gotas, pero que un próximo Gobierno abrirá un poco más, y así sucesivamente”. La ONG Vluchtelingenwerk Vlaanderen sostuvo: “El daño de esta ley va más allá de un registro policial concreto. El miedo puede hacer que personas sin papeles eviten buscar ayuda y que aquellos que les ofrecen acogida tengan miedo de abrir sus puertas”. Cécile Vanderstappen, de CNCD-11.11.11, afirmó: “La solidaridad es la base de nuestra seguridad y prosperidad colectiva. Esta ley es desproporcionada, innecesaria y peligrosa”.
Las críticas apuntaron también a la falta de recursos efectivos: las personas afectadas pueden quedarse sin medios para impugnar la legalidad de una redada antes de que sus consecuencias sean irreversibles. PICUM subraya que las entradas se producen fuera del marco de una investigación penal, evitando las garantías que protegen a las personas en procedimientos penales, y advierte de que la medida puede traumatizar a familias enteras, con niños incluidos. A propuesta del partido centrista francófono Les Engagés, socio de coalición, se introdujeron enmiendas: el juez tendrá siete días en vez de cinco para autorizar la visita, las solicitudes repetidas requerirán nueva información y podrá imponer condiciones cuando haya menores, según InfoMigrants. Sin embargo, no alteran el fondo de la ley. La oposición de izquierda votó en bloque contra la norma; el partido fascista flamenco Vlaams Belang se abstuvo al considerar que había sido “demasiado suavizada”. Más de 60 municipios y el Parlamento regional de Bruselas habían aprobado mociones contrarias, y alcaldes como el de Lovaina ya han anunciado que se opondrán a los registros en sus localidades.
Las organizaciones civiles recuerdan que el reglamento de retornos de la Unión Europea insta a los Estados a “facilitar la identificación y deportación de personas en situación irregular”, pero no obliga a introducir registros domiciliarios, y que la propuesta belga es anterior a la legislación europea. La ley responde a un contexto de endurecimiento migratorio en la UE, donde el nuevo reglamento de retornos allana el camino para expulsiones a terceros países, incluidas familias con menores.
