El restaurante “Wesh”, especializado en tacos con raíces francesas y magrebíes y ubicado en Alcorcón (Comunidad de Madrid), ha anunciado su cierre apenas unos días después de celebrar su primer aniversario. Sami, originario de Marruecos y responsable del local, relata en sus redes sociales cómo “no ha sido ni por tema sanitario, ni por falta de trabajo ni de salud propia. Simplemente, cuando el sistema va a por ti, poco se puede hacer”.
Desde su apertura, “Wesh” se convirtió en un punto de encuentro popular, con colas de más de 120 personas, llegando a duplicar su capacidad en respuesta al éxito. En el local trabajaban seis personas además del propio Sami, se expresaba solidaridad con Palestina mediante carteles visibles en el local.
No obstante, el acoso policial habitual marcó la experiencia del negocio. Fuentes conocedoras del caso reportan a DIARIO SOCIALISTA presencia semanal de la policía local, con identificaciones arbitrarias constantes y multas que apuntan directamente al perfil racial y migrante de su clientela, compuesta en gran medida por jóvenes racializados y personas migrantes.
Este patrón represivo contrasta con la continuidad de la política municipal en Alcorcón, donde el concejal de Seguridad, miembro del PCE, es también jefe de la Policía Municipal, lo que suscita críticas sobre el uso y complicidad en los mecanismos represivos, incluso desde sectores que se definen “de izquierdas”.
AJT Alcorcón denuncia la securitización y el racismo
La Asamblea de la Juventud Trabajadora (AJT) de Alcorcón denuncia que el municipio está viviendo un proceso acelerado de securitización con nuevas inversiones oficiales en vigilancia, incluyendo instalación de 88 cámaras que inicialmente se presentan como “medidas de seguridad vial”, pero que podrían amplificarse para el control social.
Además, la Policía Municipal ha reforzado su plantilla hasta cerca de 300 agentes, cuenta con drones para monitoreo, vehículos modernos con sistemas de grabación y detectores automáticos de infracciones, y existe presión para equipar a agentes con pistolas Taser. Estas medidas, según la AJT, apuntan a criminalizar y cercar a las capas más vulnerables de la clase trabajadora, especialmente a personas racializadas y migrantes, poniendo en peligro derechos políticos y libertades fundamentales.
Los hechos relacionados con “Wesh” y la situación de Alcorcón reflejan la persecución institucional a las comunidades del proletariado migrante. La represión ejercida a nivel local, la vigilancia extendida y las prácticas policiales orientadas a la segregación y control social generan un contexto hostil para la vida comunitaria y cultural local que, como en este caso, sufre el cierre a pesar de su impacto positivo como lugar de reunión.
