Casi un año después de la concentración antifascista contra Aliança Catalana en Fossar de les Moreres (Barcelona, Catalunya), un militante del Movimiento Socialista es sancionado con una multa como organizador. El militante, A.O., ha sido denunciado por un agente de los Mossos d’Esquadra sin haber sido identificado en el lugar de los hechos y sin denuncia previa de Aliança Catalana, lo que sugiere que le hacían seguimiento por su actividad política.
En la sanción, los Mossos d’Esquadra señalan que la organización de la manifestación se hizo "sin permiso", y atendiendo a la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana en el Estado español, la ley conocida popularmente como Ley Mordaza, establecen que los hechos pueden ser una "infracción grave" por la "perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita". Desde el Movimiento Socialista de Catalunya denuncian que La Generalitat defiende, en la práctica, la formación de extrema derecha y el fascismo, mientras persigue de oficio a los militantes que actúan en contra de estos.
Así reza el Artículo 30.3 de la Ley Mordaza: “Se consideran organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la comunicación preceptiva. Asimismo, aunque no la hayan suscrito o presentado, también se consideran organizadores o promotores quienes de hecho las presidan o dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria, por las manifestaciones orales o escritas que se difundan, por los lemas, las banderas u otros signos que muestren o por cualquier otro hecho, se pueda determinar razonablemente que son sus directores". Este artículo abre la puerta a señalar como "organizador o director" a cualquier persona que asista a una manifestación.
10 años de la Ley Mordaza
La Ley Mordaza cumple este año 10 años. La aprobación de la ley se dio en un contexto posterior a la alta conflictividad social de la crisis económica de 2008, donde en el Estado español concretamente hubo una ola de huelgas y surgió el movimiento 15-M. El Gobierno del momento era el PP de Mariano Rajoy, que asumió la criminalización de la clase media radicalizada con la crisis. En lugar de buscar la renovación del pacto social de los años 70 y 80, optó por la vía de la criminalización y la represión.
La Ley Mordaza establece un nuevo marco donde los derechos de protesta, opinión y manifestación pueden ser sancionados por la vía administrativa. La policía toma un papel fundamental en los procesos sancionadores y se le da un alto grado de discrecionalidad. El derecho fundamental a la defensa se ve limitado debido a la introducción de formas de “pago inmediato”, donde el acusado tiene la opción de pagar en un plazo determinado la sanción en una "versión reducida". Por el contrario, si el acusado quiere acogerse a su derecho a defensa, los costes aumentan.
